El discurso del oficialismo
antes era que gobernaría escuchando al “pueblo”. Ahora el “pueblo” ha sido bastante
claro y preciso, mediante referéndums y ha establecido: “no a la reelección indefinida”. Ese ha sido el mandato y designio del
pueblo pero por lo visto resulta que ya no se pretende gobernar escuchándolo,
lo cual es atentatorio a las libertades individuales, los derechos y las
garantías de las personas.
Se desea imponer por la
fuerza algo que el pueblo ya definió en las urnas, se pretende burlarlo con puros
y simples legalismos, por lo tanto, el pueblo sale a defender sus derechos y
una muestra clara de esto es el paro cívico nacional del 06 de diciembre de
2018.
Todo el aparataje del
legalismo se cimienta y se justifica en sí mismo (en el legalismo puro y simple, en su esencia misma). Las leyes por
el solo hecho de ser llamadas como tales no significan que siempre tendrán por fundamento
a los axiomas morales. Martin Luther King, Jr., advirtió tal situación con la
siguiente frase: “Nunca olviden que todo
lo que hizo Hitler en Alemania era legal”; como una muestra de aquello
recordemos que el Parlamento Alemán en fecha 23 de marzo de 1933 aprobó una Ley
que pregonaba que estaba destinada a solucionar los peligros que acechaban al
Pueblo y al Estado, más conocida como la “Ley Habilitante de 1933”, pues gracias
a ella habilitaba al Canciller Adolf Hitler y a su gabinete a aprobar leyes sin
la participación del parlamento. De allí que todas las barbaridades y los
suplicios que ocurrieron tuvieron leyes que así lo permitieron.
En el caso boliviano, hasta
el momento hemos visto puro legalismo y el más reciente es un Tribunal Supremo
Electoral (TSE) amparándose en la ley de organizaciones políticas (que fue aprobada a la apurada y sin ninguna
socialización), habilitando al binomio oficialista en las primarias pese al
rechazo de la voluntad popular tergiversando incluso las decisiones del Poder Constituyente.
La base de actuar del TSE es esa ley, la cual trae consigo las primarias donde
NO se estipula ni si se establece el respeto al referéndum del 21 de febrero de
2016, siendo burlada de esta manera la voluntad popular.
Frente al legalismo
imperante en el ámbito nacional, ésta difícilmente puede ser refutada desde lo
jurídico y judicial pues como hemos dicho “el
legalismo se justifica a sí misma”, es decir, los tribunales con el nombre
que sea, acaban justificándolo tal como se viene realizando en los hechos.
Adviértase, las impugnaciones o el pedido de inhabilitación ante el TSE después de las primarias, se va en desventaja y de forma más incierta (con candidato en juego) pues en el peor escenario se apunta hasta un futuro amparo constitucional quedando a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) quien ya dispuso una nefasta jurisprudencia al respecto y motivó todo este embrollo. Habrá incluso quienes sugieran acción de inconstitucionalidad pero todo camino va a Roma (es decir al TCP), al causante de esta barahúnda.
A nivel internacional está muy bien acudir al sistema
interamericano de protección de Derechos Humanos; esta vía posee la cualidad de
afectar la imagen de un gobierno fuera de sus fronteras, mostrándolo como
vulnerador de derechos y libertades, pero ese camino lleva su tiempo y adolece
de fuerza coercitiva en concreto. Una muestra de aquello son Venezuela y
Nicaragua, por ejemplo. La práctica muestra que no se debe esperanzar única y
exclusivamente en ello.
Como vemos este
problema no es esencialmente jurídico sino enormemente político. De allí que el
pueblo reacciona y actúa políticamente. Un acto político es todo lo que produce
un efecto en el mundo orientado a la emancipación colectiva de las personas,
por ejemplo, política es la posibilidad de no ser esclavos o también es la construcción
colectiva de la libertad, es la institución de la libertad pública.
El paro cívico nacional
en defensa a la decisión popular de la “no
reelección indefinida” es una muestra clara de un pueblo actuando políticamente,
reclamando el respeto a sus derechos y libertades para no ser esclavos del legalismo,
la imposición, la opresión y la dictadura. Si alguien dice que el paro cívico fue
político, claro que lo fue y lo será, porque es un pueblo movilizado orientado
a la emancipación colectiva de las personas, esto es, liberarse de la opresión
y la imposición, no ser burlados por el legalismo arrollador.
Ya varios analistas y actores políticos nacionales afirmaron por los medios de comunicación sobre
la necesidad de las protestas en las calles y la resistencia civil movilizada.
Para acabar con el legalismo es abrogando las leyes atentatorias de derechos y
libertades, dado que ella es su propio soporte, así como ocurrió con la
abrogación del Código del Sistema Penal que fue producto del rechazo social a
nivel nacional. Se debería abrogar las primarias y promulgarse una nueva ley de
organizaciones políticas escuchando al pueblo, esto es, una ley donde se
establezca la imposibilidad de la reelección indefinida en respeto de la
voluntad del soberano.
