En
términos económicos son dos los elementos excesivamente costosos en el mercado,
estos son: “el tiempo” y “la
información”.
Actualmente
se pierde mucho tiempo en la administración de justicia y el administrado no
vuelve a recuperarlo jamás pues es la oportunidad desaprovechada para cumplirla.
Es decir, esas idas y vueltas a los juzgados para dejar escritos (papeles)
constituye una pérdida de tiempo sumado a la demora y las suspensiones continuas
de audiencias conlleva todo aquello que dejó de hacer (lo cual puede ser: trabajo, vida familiar, estudios, capacitación,
relaciones humanas, deporte, visita al médico, exámenes de laboratorio clínico,
etc.). Todo eso tuvo que dejar de hacer el administrado a fin de satisfacer
las exigencias impuestas por una determinada disposición judicial o
administrativa que luego no se cumple a cabalidad.
Desde
una perspectiva basada en la utilidad individual, ante tantas demoras y
dilaciones, resulta que a vista de los administrados, se encuentra por demás
convencido de que ha sido su peor decisión haber acudido o accedido a la
jurisdicción, dado el enorme perjuicio que esto le ocasiona.
Cualquiera
que haya asistido a un curso de economía básica ha tenido contacto con el
principio de la “tragedia de los bienes comunes”, un experimento mental que
ayuda a ilustrar por qué ningún recurso que las
personas comparten de forma gratuita es sostenible a largo plazo salvo
que esté gestionado y regulado.
Debemos dejar atrás montañas de papel para usar tabletas, celulares o
computadoras en cualquier parte del mundo para acceder y revisar un expediente
judicial.
En
esta Era de la tecnología de la información y la comunicación, no es posible
que los abogados y los asistentes pierdan su tiempo presentando papeles. Los juzgados
deben ser útiles para los momentos cruciales durante la realización de
audiencias mientras que las demás actividades deberían ser realizadas a través
del uso del Internet.
La
implementación en Bolivia del expediente digital integrado (para todos los procesos judiciales) es apremiante pues por
ejemplo, posibilita demandar y contestar la demanda por internet, poner en
operación la "firma digital", hacer las notificaciones a las partes por e-mail,
realizar pagos de costas on-line y adelantar determinadas audiencias a través
de videoconferencias
En
ese sentido, lo primero es la digitalización de toda la documentación (esto no significa que la actual
documentación en papel desaparecerá sino que se archivará). Posteriormente,
se deberá elaborar un mapa documental, instalar una plataforma sólida, crear un
registro de entrada electrónico, registro presencial, registro telemático,
poner en práctica la firma digital y un régimen de transición que incluya
amplia capacitación.
Con
la instauración de la “justicia en red”, los juzgados estarían virtualmente
abiertos las 24 horas. De esta manera, se consigue racionalidad en el tiempo. Todo
esto no es novedad pues sin ir muy lejos, Argentina y Brasil, hace rato ya
cuentan con esto y sus ventajas son enormes. La jurisdicción federal de EEUU lo tiene desde el año 1996 y
reúne varias buenas experiencias. Ya es hora que Bolivia incursione en la “despapelización”. Amerita trabajar
hacia el “papel cero” y la “justicia en red” en los despachos judiciales.
