En un Estado Social y
Democrático de Derecho, la posibilidad de contar con una Ley de Promoción de Inversiones
constituye una buena noticia para el empresariado, pequeño, mediano e
industrial dado que presupone que se garantizarán los derechos y las libertades
constitucionales de las personas y por consecuencia esto traerá consigo mayores
oportunidades de negocio y productividad.
En Bolivia actualmente
existe un proyecto de ley que ha sido diseñado para las inversiones que se
originan entre la sociedad y el Estado, y aquellas que son desarrolladas entre
las instituciones públicas. El éxito de una
ley de esta naturaleza es que atraiga al inversionista tanto nacional como
extranjero. De allí que dicha ley debería contar
con un enfoque destinado a brindar las garantías inherentes a la inversión
privada, de las cuales a continuación citaré algunas de ellas:
