Ciro Añez Nuñez.
Recientemente fui entrevistado
por el decano de la prensa nacional, “El Diario” (con 122 años de existencia,
fundada el 5 de abril de 1904). Conversamos sobre la posibilidad de un marco constitucional que transite hacia la descentralización de la actividad económica.
Al respecto, es menester entender que esta
necesidad, constituye un compromiso de todos los bolivianos en búsqueda
de mejorar la economía nacional que repercute duramente a las finanzas de las
personas, pues al reducir el poder adquisitivo por la inflación, aumentar el
desempleo y limitar el acceso al crédito, además de la carencia absoluta de comodidades, provoca
un profundo deterioro en las condiciones de vida, impidiendo el ahorro,
obligando a las familias a priorizar gastos básicos, lo que a menudo genera
estrés financiero.
Digo es tarea de todos, porque la democracia exige participación,
no es un "deporte para espectadores", por ende, los ciudadanos deben
involucrarse activamente en la corrección de los sistemas, en lugar de solo
quejarse.
El
dinero podrá brindar comodidades, pero no calidad de vida, no implica
automáticamente vivir bien o mejor. Muchas veces se confunde: calidad de vida o
vivir mejor, con tan sólo dedicarse a acumular mucho dinero, mostrando
opulencia, olvidando que, aunque se ostente mucho dinero, la persona no
experimentará bienestar, pues no vivirán mucho mejor, ya que de nada sirve
conducir un vehículo de lujo si carece de buen combustible. De nada sirve
habitar un lugar donde existen muchos aires acondicionados encendidos, cuando
resulta que afuera, el medio ambiente está totalmente contaminado y las
enfermedades cada vez se acrecientan más y están al orden del día. De nada
sirve usar indumentaria fastuosa, si se está enfermo física o mentalmente; si
las calles son inseguras, si todo es corrupción, inseguridad, incertidumbre y
existen mafias operando y generando crímenes a diario. Todo eso, para nada es
calidad de vida.
La calidad de vida (el “vivir
bien” o, como otros, ahora dicen que buscan: vivir mejor), en realidad, depende de la paz y la alegría, del dominio propio y de la armonía.
Es necesario que el mercado se vuelva consciente y en consecuencia, rechace lo que no está bien producido, por lo tanto, la regulación no debe limitarse a la elaboración de normas y reglamentos sino que también debe avanzar hacia la instrucción, información y concientización del público, lo que conllevará a su vez, que la regulación también pueda producirse del lado del mercado.
No debemos caer en locuras, como por ejemplo, aquella perspectiva geopolítica basada en la ley del más fuerte, que sepulta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que considera que por poseer bombas nucleares y una gran fabrica bélica, los convierte automáticamente en un país con soberanía, dado que los vuelve en un país no intervenible; y, en consecuencia, llevan una vida en permanente compulsividad, con la locura y la arrogancia de creer que pueden destruirlo todo, sin admitir errores, nunca desean corregirse, invaden y viven creyéndose superiores a los demás, viven de la nostalgia, de sus supuestas glorias y conquistas con delirios de grandeza. Como vemos solo es el sendero de la autodestrucción, tiene que existir otra manera de resolver los conflictos, no por esa ruta del trastorno obsesivo-compulsivo.
Aquí no se trata de ideologías ni de fanatismos dogmáticos filosóficos, sino de pragmatismo basado en los intereses generales,
en el bien común, por cuanto, la solución radica en aumentar el tamaño de la
economía y mejorar las oportunidades, no en la redistribución forzosa, que es
un abuso y puede detener el crecimiento, tampoco es apostando en favor de la
delincuencia (lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, fraudes, etc.) ni en
el caos generalizado, pues éstas dos últimas son una consecuencia de la falta
de orden y la corrupción, las cuales complican la vida humana en lugar de
solucionarla.
El desarrollo humano y la
reducción de la pobreza económica requieren una visión estructurada, ética y de
crecimiento, no caminos que erosionen la estructura social.
La descentralización económica en
Bolivia, es totalmente factible y, puede materializarse mediante reforma parcial de la Constitución
boliviana; para ello, es posible realizar dicha transición mediante “Referendo
Constitucional Vinculante a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano
Ejecutivo nacional”, a objeto de que el pueblo boliviano, mediante democracia
directa y participativa y en ejercicio de su poder soberano, apruebe o rechace
la reforma parcial de determinados artículos constitucionales estructurales (de
todo el sector público incluyendo la descentralización administrativa en
materia de administración de justicia y Ministerio Público). Como pueblo, todos
debemos dar el paso hacia un auténtico fortalecimiento de la descentralización,
aplicando el artículo 411-II de la Constitución Política del Estado y el
artículo 23 de la Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral. Esta
es la manera debida de hacerlo, de manera consciente, transparente y ordenada.
Ahora bien, si vía referéndum, la
decisión está tomada, es decir, el pueblo decide profundizar la
descentralización, pues, el siguiente paso, es establecer el marco normativo correspondiente
de manera sólida, coherente y bajo un enfoque multidisciplinario, con equipo de
profesionales de las distintas áreas pertinentes, con auténtica solvencia
ética, experiencia y conocimientos. Esto no es, única y exclusivamente, un asunto de abogados especializados.
No puede haber justicia real, si primero no existe una sociedad que respete la ley. El crimen organizado y la delincuencia solo generan más injusticia; y, son las autoridades y los funcionarios públicos quienes deben dar el ejemplo del respeto y el cumplimiento de la ley, porque lo peor es cuando el saqueo viene de arriba (como dice aquel dicho popular: "los países son como los pescados, empiezan a podrirse desde la cabeza") y emprenden la búsqueda de distraer a la población (incentivando una sociedad del espectáculo basada en el entretenimiento) y la manipulación mediática, mostrando diariamente a viciosos y a ladrones callejeros (como si sólo ellos fueran el problema).
Amerita que los líderes políticos, autoridades y servidores públicos actúen con transparencia, responsabilidad, integridad, rendición de cuentas y cumplan la ley, en lugar de depender únicamente de leyes morales aferrándose a simples formalismos. La moralidad suele ser ineficaz y cambiante, mientras que la verdadera integridad proviene de una humanidad activa que busca el bienestar colectivo en lugar de la ganancia personal.
Es necesario acciones estrictas
contra la corrupción y la impunidad para los corruptos, no puede ser aceptada. La
honestidad, la integridad y la responsabilidad deben convertirse en una forma
de vida, no solo en un mandato legal.
Por otro lado, advirtamos, que la
falta de competitividad de muchas empresas nacionales en Bolivia no se explica
por una sola causa, sino por un entramado institucional, económico y jurídico
que termina encareciendo producir, innovar y exportar. Entre esas dificultades
podría citar, algunas de ellas: 1)
Entorno institucional débil y poco predecible. Entiéndase que, desde el punto
de vista constitucional, el problema no es solo “qué dice la norma”, sino cómo
se aplica. La inseguridad jurídica —cambios frecuentes de reglas,
discrecionalidad administrativa, débil independencia judicial— eleva el riesgo
país. Eso desincentiva inversión de largo plazo, tanto nacional como
extranjera. Debemos dejar de ser cortoplacistas, mentalidad del negocito, sino
de visión sólida a largo plazo. Una empresa no compite bien si no puede
planificar a 5-10 años. Los primeros dos años, para una empresa emergente o
incipiente, son absolutamente decisorios para la supervivencia y consolidación
de una empresa, un periodo crítico donde se define su viabilidad a largo plazo;
2) Sobrerregulación e informalidad estructural, para ninguno es novedad, que Bolivia
tiene una economía altamente informal. Esto genera una paradoja, porque resulta
que las empresas formales cargan con impuestos, trámites y costos laborales
elevados sumado a conflictos procesales que encarecen todo, peor aún ante una
profunda crisis judicial, entre ellas por corrupción y subordinación política
(que tampoco es novedad, informes tanto nacionales como internacionales
independientes han afirmado tal situación. Ej.: World Justice Project), esto
es, el alto costo de legalidad; mientras que, por otro lado, las informales
compiten sin esas cargas, por ende, el resultado es que se castiga al que
cumple la ley. Eso no es un problema “de mercado”, sino de diseño institucional;
3) La baja productividad y poca innovación. Muchas empresas operan con baja
tecnología, escaso acceso a financiamiento y poca integración a cadenas
globales. Aquí influye: a) Sistema financiero conservador, b) Falta de
incentivos reales, c) Rigidez laboral, pues el marco laboral, aunque protector,
es poco flexible para la dinámica empresarial moderna. Esto desalienta
contratación formal y escalamiento de negocios; d) Débil vínculo, desconexión o
falta de colaboración efectiva (debido incluso por burocracias, trabas
administrativas) entre las instituciones de educación superior y el sector
productivo (empresas), lo que limita la transferencia de conocimientos, la
innovación y la pertinencia de la formación profesional; y, e) Dependencia de
materias primas, pues resulta que la estructura económica sigue muy centrada en
recursos naturales. Eso limita el desarrollo de sectores industriales con mayor
valor agregado.
Advirtamos lo siguiente, Bolivia
no es formalmente un Estado centralista puro. La Constitución Política del
Estado establece un Estado unitario “con autonomías” (departamentales,
municipales, regionales e indígena originario campesinas). El problema no es
tanto el texto constitucional, sino la brecha entre autonomía formal y
autonomía real: competencias limitadas, dependencia fiscal del nivel central y
márgenes regulatorios estrechos. Dicho eso, como dije anteriormente, el
desarrollo subnacional sí es posible, pero exige moverse con inteligencia
dentro de ese marco y fortaleciéndolo con reformas puntales antes mencionadas.
Se debe entender que sí hay poder
real en las regiones, aunque el nivel central concentra recursos y decisiones
estratégicas, municipios y departamentos tienen herramientas clave, por
ejemplo, el Ordenamiento territorial y uso de suelo, Regulación de actividades
económicas locales, Compras públicas, Infraestructura urbana y servicios,
Promoción productiva (aunque limitada). El error común es esperar
transferencias o grandes políticas nacionales. El desarrollo local empieza
explotando estas competencias “pequeñas” pero decisivas.
Se debería responder bajo
estrategia, como ser: competir por productividad, no por subsidios. Un
municipio no puede devaluar moneda ni fijar aranceles, pero sí puede volverse
más competitivo en cosas concretas: a) Reducir tiempos y costos para abrir
negocios; b) Dar seguridad jurídica local (licencias claras, sin
arbitrariedad); c) Invertir en infraestructura crítica (caminos, mercados,
logística); d) Facilitar encadenamientos productivos. Y esto, es claramente
palpables, pues podemos ver que dos municipios con la misma ley nacional pueden
tener resultados opuestos solo por su gestión administrativa, la clave es una
gestión basada en la integridad, resiliencia y transparencia.
Las regiones no deben andar pensando
en ponerle el pie del peso estatal en el cuello de sus ciudadanos, no deben
andar inventándose más cargas impositivas, cuando el pueblo ya sufre un
estancamiento, una estanflación. Dentro
del marco constitucional, los gobiernos subnacionales pueden dictar: a) Leyes
autonómicas departamentales y, b) Ordenanzas municipales. Aquí hay margen para
innovar sin violar la Constitución: 1) Regímenes simplificados de licencias; 2)
Incentivos locales (no necesariamente tributarios, pero sí administrativos o
logísticos); c) Zonas económicas locales (de facto, no necesariamente “zonas
francas” formales). La clave es creatividad jurídica en políticas públicas, sin
entrar en conflicto competencial con el nivel central.
El verdadero cuello de botella:
la dependencia fiscal. La mayoría de municipios y gobernaciones dependen de
transferencias (coparticipación, IDH). Eso limita la autonomía real. Y antes
eso, qué podemos hacer, algunas sugerencias, serían: a) Mejorar recaudación
propia con ética (catastro actualizado, tasas eficientes): b) Asociaciones
público-privadas locales (aunque aún poco desarrolladas); y, c) Mancomunidades
municipales para economías de escala. Sin recursos propios, la autonomía es más
política que económica.
Hay que diferenciar, cuándo se
debe efectuar y agilizar vía decreto o cuándo mediante ley, en la búsqueda de
un mejor ambiente de inversión productiva. Como indicaba, se debe responder con
estrategia, hay cosas que sí se pueden hacer vía decretos y, otras no.
Cuando un gobierno pretende únicamente
gobernar por decreto es un pésimo síntoma, no solo falto de ideas, sino de
abuso de poder, corrupción, autoritarismo, etc. Eso tiene que alertarse a cualquier
población del país que fuese.
Entonces, la manera de abordarlo,
podría ser: 1.- Lo que SÍ puedes
acelerar por decreto es por ejemplo: el Ejecutivo puede mover bastante la aguja
sin pasar por el parlamento si se enfoca en gestión, reglamentación y
simplificación, como ser: a) Destrabar burocracia, que implica Reglamentos que
reduzcan plazos de licencias y permisos; Silencio administrativo positivo (si
no te responden, se entiende aprobado); Digitalización y ventanillas únicas
reales y transparentes. Acabar con el papeleo y la tediosa burocracia.
También, vía decreto, se podría
producir: 1) Seguridad jurídica “operativa”, mediante Protocolos claros y
públicos para inspecciones, Estándares uniformes entre entidades (menos
discrecionalidad), Contratos tipo en APP (Asociaciones Público-Privadas) a
largo plazo con integridad, o inversión pública-privada. No contratos de
corruptelas; 2) Facilitación sectorial: Reglamentos más claros en minería,
hidrocarburos, energía, agro. Agilizar permisos ambientales sin eliminar
estándares (plazos y trazabilidad); 3) Promoción de inversión: Agencias de
atracción de inversiones con mandato claro, Fast-track para proyectos
estratégicos (que en algunos aspectos ya se han ido efectuando, como por
ejemplo, el Decreto Supremo # 5503 de 2025); entre otras más opciones creativas
que se podrían efectuar.
Todo esto no cambia la ley, pero
reduce el costo real de invertir, que muchas veces es más decisivo que el simple
texto legal.
Ahora bien, entre los asuntos que
NO se puede hacer por decreto (y si se requiere de ley), mencionar obviamente,
los siguientes: a) Régimen tributario (Crear, eliminar o modificar impuestos.
Dar estabilidad tributaria de largo plazo); b) Régimen de propiedad y recursos
naturales; c) dar Garantías reforzadas a la inversión; c) Marco laboral,
amerita que exista Flexibilización laboral acorde a estos tiempos; d)
Asociaciones público-privadas de gran escala, especialmente si implican
compromisos fiscales relevantes; entre otros más.
En estos temas, el parlamento
tiene la última palabra. Intentar saltarlo vía decreto suele terminar en
inseguridad jurídica, inconstitucionalidad y abuso de poder.
