Atacar el contrabando desde su raíz tributaria.

Ciro Añez Núñez.

Recientemente en el suplemento Séptimo Día del Diario El Deber se publicó una nota bajo el título “hay efectivos que entregan las llaves de la frontera al contrabando”, es decir que policías y militares entregan el pin a los traficantes para que al momento de llegar a la tranca de control lo repliquen a los efectivos y puedan pasar sin problemas. Los sobornos ascienden hasta $us 2.000.

El contrabando mientras se encuentre en auge habrá funcionarios corruptos y/o corruptibles.

En la práctica del contrabando, existen temporadas que se incrementa más que en otras, por el simple hecho de que los delincuentes siempre usan el contrabando de forma oportunista, esto es, por factores externos principalmente por la devaluación de la moneda en los países vecinos (por subida del dólar) lo que ocasiona que los precios de las mercaderías (vinos, azúcar, maíz, pollo, cebolla, papa, palta, etc.), están a precios mucho más bajos que en Bolivia, provocando la oportunidad de ganancias para los comerciantes y especialmente para los contrabandistas.

Con esto hay una sangría de dólares de Bolivia para países vecinos (sin contar con el blanqueo de dinero del narcotráfico). 

Actualmente al gobierno no le interesa devaluar la moneda boliviana (donde los expertos sugieren que está sobrevaluada por lo menos en un 30%) por cuestión de oportunismo político y porque ellos incentivaron la bolivianización de la economía en Bolivia (a parte que están con los depósitos llenos de bolivianos en el Banco Central de Bolivia). Asimismo a la Banca tampoco les conviene que se devalúe la moneda porque sus préstamos ya se encuentran en bolivianos, y obviamente les ha ido muy bien.

Desde la perspectiva política, por lo menos éste y el próximo año difícilmente se dará la devaluación de la moneda porque se está en campaña política. Los empresarios privados son los más perjudicados por la falta de sinceramiento en la cotización de la moneda pues pierden competitividad para la exportación.

La lucha contra el contrabando en nuestro país es «contradictoria» máxime si desde el año 2009 se aumentó el margen del valor de la mercadería decomisada para que sea considerado delito y no contravención. De esta manera existe un favorecimiento directo a dicho ámbito delincuencial.

Adviértase que antes del año 2009, se consideraba al contrabando como delito cuando el valor de la mercadería decomisada superaba los 10.000 UFVs; hoy en día, resulta que a partir de los 200.000 UFVs en adelante (valor de la mercadería decomisada) recién el contrabando es considerado delito.

El contrabando continúa sin ser atacado desde su raíz (tributaria), por lo tanto, dicho mal nunca se debilitará.

En Bolivia el nivel impositivo es y se mantiene alto (es decir, el costo de legalidad es alto), por ende muchas personas por un costo de oportunidad, incursionan al contrabando porque consideran a ésta como rentable, favorable e incluso en algunos casos hasta impune.

Debemos entender que muchas personas se dedican a la informalidad no necesariamente por necesidad sino porque ponen a la balanza el costo de ser formal y el de no serlo, moviéndose por el costo de oportunidad.

La mejor lucha contra la corrupción aduanera no es siendo exclusivamente reactivos (reaccionando solo con denuncias) sino atacando al contrabando en sí mismo y para ello, algunas sugerencias son:

1.- Reducir el costo de la legalidad, por ejemplo: bajar el costo de los impuestos dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. Ej.: el valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5% (dentro de los países con IVA más bajo se encuentran: Panamá con el 7%; Yemen con el 2%; Corea del Norte con el 2%, etc). 

De esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado, además que se le brinda la oportunidad al informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal (contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella, podría acceder a una serie de beneficios como: acceso a créditos, expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, podría cambiar de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece. 

En otras palabras, el Estado debería ofrecer suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más formales y menos informales en el país. Es por esta vía que se podría debilitar el contrabando, caso contrario, este monstruo seguirá creciendo y efectuándose como una práctica común para el enriquecimiento ilícito, pues existen situaciones en que las personas empiezan siendo contrabandistas, se enriquecen y luego tratan de camuflarse con algunos negocios formales, para aparentar que son supuestamente prósperos sólo por el dinero que llevan en los bolsillos carentes de integridad y honestidad en sus vidas.   

2.- En lo concerniente a los demás impuestos, la reducción de la tasa impositiva debiera ser el resultado de un serio y responsable análisis y consenso entre destacados economistas y tributaristas, donde se incluya a los colegios de economistas de cada departamento del país y no tan solo dejar todo en manos de un grupo minúsculo afín y elegido políticamente.

Obviamente a nadie le gusta eliminar exoneraciones tributarias porque comúnmente resulta políticamente poco viable; sin embargo, de la eliminación de las exoneraciones, se podría asignar los recursos que se recauden por dicha eliminación, directamente al gasto en educación y salud.

Es más, dado que existirá una reducción significativa de la tasa impositiva para todos los impuestos, ya no tendría sentido que se efectúen las compensaciones o las descargas impositivas, evitándose de esta manera el trato injusto hacia los contribuyentes de que no se les reconoce determinados gastos para compensación como ser alimentación, pensiones escolares, etc. En ese sentido, habiéndose ampliado el universo de contribuyentes y reducida de forma significativa la tasa impositiva, todos estarían obligados a pagar impuestos.

3.- Otro aspecto de mucha relevancia es la simplificación de todos los procedimientos; si bien se han realizado algunos avances al respecto, sin embargo continúa siendo engorroso.

Aquella simplificación de los procedimientos no solo deben ser aquellos relacionados con los impuestos sino con todo el aparataje del Estado, porque todo trámite implica: formas, maneras, etc., que tienen los ministerios, las municipalidades, las gobernaciones y todos los organismos públicos en general, para financiar sus presupuestos.

En ese sentido, se debe evitar lo que se conoce como un incentivo perverso a costa de los formalismos; es decir, inventarse en la función pública una serie de pasos bajo la solapada lógica de que a mayor cantidad de trámites que se crea, se tiene más ingresos para financiar sus presupuestos, para pagar al personal, para alimentar la caja chica, etc. Esto necesariamente debe cambiar en todo el aparato estatal en general porque cuando los trámites por norma resultan siendo morosos y complicados, usualmente y en muchos países acaban siendo un caldo de cultivo para la corrupción. Cuando toda la maquinaria es concebida de manera compleja empiezan los sobornos por agilización, etc.

4.- La lucha contra la corrupción administrativa que emerge de la burocracia jamás será eficaz creando más burocracia; por lo tanto, se debe permitir que la sociedad civil establezca asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) y que dichas fundaciones o asociaciones tengan accesibilidad efectiva y libertad de control social a todos los servidores públicos de todas las reparticiones estatales.