TUFO DE CORRUPCIÓN

Ciro Añez Núñez

En estos dos primeros meses del año, desde el interior de la Alcaldía cruceña se han develado una serie de hechos de corrupción y las investigaciones vienen apuntando a personajes subalternos, quienes han sido echados de sus cargos y actualmente se encuentran sometidos a procesos judiciales.  

El término “corrupción” viene de la palabra latina corruptio que significa decadencia moral, com­portamiento malvado, putrefacción o podredumbre.  Este concepto tiene un enfoque dual, pues puede apli­carse a lo físico, cuando se emplea el término “putrefacción” mientras otros usan el término de "fermentación", o un significado moral como el “deterioro o deca­dencia moral; perversión o destrucción de la integridad en el cumplimien­to de los deberes públicos por cohecho o clientelismo”. De allí el título del presente artículo, puesto que cada vez que aparecen algunos actos de corrupción se percibe el tufo de una corrupción alarmante el cual es un cáncer que es capaz de carcomer las entrañas de las instituciones.

La Real Academia Española, la define como la acción y el efecto de corromper. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Sir George Moody-Stuart, ex presidente de Royal Dutch/Shell Group y miembro de la Fundación para el Pacto Mundial, fue quien acuñó el término “Gran Corrupción” (Grand Corruption) para referirse al cohecho de funcionarios públicos extranjeros por parte de corporaciones transnacionales. Posteriormente estas palabras fueron expandidas, llegando a ser utilizadas para referirse a la corrupción en los más altos niveles de la esfera pública.

Desde una perspectiva genérica, existen dos tipos de corrupción: la privada y la corrupción pública o administrativa; y, en muchos de los casos ambas se entrelazan. La corrupción como el tango se baila de a dos, pues si bien, existen servidores públicos que aceptan sobornos, es lógico suponer que también existen personas naturales y jurídicas que los pagan. Por lo tanto, ambos extremos son igual de dañinos y perjudiciales, y se necesitan íntimamente para poder subsistir y coexistir (los que sobornan y los que se dejan sobornar).

Se debe tomar en cuenta que las prácticas corruptas dentro de la Administración pública se constituyen en modelo de corrupción generalizado principalmente cuando se les otorga un mayor poder al sector público.

Existen investigaciones, donde los expertos señalan que la manera más usual de monetizar las ganancias emergentes de la corrupción es a través de las prebendas políticas; por ejemplo, la emisión de licencias o autorizaciones para cualquier rubro, puede convertir en personas millonarias tanto al servidor público (por los porcentajes que éste percibe, dependiendo el nivel de jerarquía) como al privado que lo requiere.

En ese sentido, comúnmente los niveles más altos de corrupción cuentan con uno o varios “recaudadores”, descarnándose la corrupción en cascada. Se establece así una relación triangular entre el individuo, la administración pública y sociedad, mientras la corrupción se mueve entre los tres vértices con diferente intensidad. El poder adquisitivo que los rodea a quienes están plagados de corrupción es alto y disfrutan con holgura, sin cuestionarse, de los abusos del poder.

Esa relación “recaudador” y gran corrupción, se evidencia en una simple búsqueda de información por internet, por ejemplo, colocando en Google ambas palabras y verán la cantidad de noticia internacional al respecto.  Los informes especializados en la materia de corrupción explican que la gran corrupción nace en las altas esferas y se va desbordando hasta empapar a toda la sociedad. Los estratos más bajos la aceptan para seguir viviendo, los altos para engordar.

De esta manera, la corrupción llega a ser transversal, de allí la célebre frase: “el poder total corrompe totalmente” por ende no es casualidad que los corruptos afloran donde hay más poder, por ende, la corrupción debe ser vista como un abuso de poder y no simplemente como hechos aislados, una muestra de aquello por ejemplo es la justicia brasilera, quien se encuentra procesando a políticos y empresarios con grandes cantidades de recursos económicos, para ello basta con citar el caso Odebrecht.

De allí que la existencia de megaburocracias provoca por lo general mayor abuso de poder y encuentran muchos recovecos para corromperse, por lo tanto, uno de los posibles caminos para impedírselo es limitando su poder, por ende al carecer de poder para manejar el dinero y las libertades individuales ajenas, se reducen los incentivos y la capacidad para corromperse.

Tradicionalmente la batalla contra la corrupción, se lo viene realizando de forma invariable, no solo en Bolivia sino en los demás países, mediante dos frentes de ataque comunes y bien definidos: 1) arremeter contra los actos de corrupción mediante leyes drásticas y mecanismos de persecución a través de autoridades competentes y 2) potenciando las instituciones públicas de persecución; sin embargo, el resultado ha sido siempre el mismo: la corrupción continúa y en algunos casos se ha acrecentado.

Entonces si se busca resultados diferentes no es estancándonos haciendo lo mismo, por lo tanto, debemos entender que la lucha contra la corrupción administrativa que emerge de la burocracia no se reducirá generando, alimentando y potenciando más burocracia (con nuevas direcciones públicas, secretarias o unidades de lucha contra la corrupción, nuevas formas de administración pública que involucre nuevos y más cargos, etc.), sino que urge emprender dos importantes acciones: 1) el fortalecimiento del individuo y de la sociedad civil mediante asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario y que dichas fundaciones o asociaciones tengan accesibilidad efectiva con libertad de control social a todos los servidores públicos de todas las reparticiones estatales (subalternas, jerárquicas y de control interno, autoridades de fiscalización, etc.), tal como explico en mi libro “Los Delitos de Corrupción”, publicado en el año 2011; y, 2) la contención del poder; evitando el surgimiento de la cleptocracia, esto es limitando el poder económico que tiene la administración pública y al mismo tiempo evitando la promulgación de normas que atenten las libertades individuales.