El avance en la
aprobación de nuevas leyes en Bolivia es paulatino, teniendo en cuenta que el
oficialismo, en época electoral, propuso un paquete de
cien (100) leyes de las cuales aproximadamente más de cincuenta correspondían a leyes de
carácter socio económicas; mismas que aún no han sido completadas, lo cual
implica que el proceso de implementación llevará probablemente más periodos
legislativos.
Bolivia, en estos últimos años, sin duda
alguna ha experimentado un auge en la macro economía gracias a la obtención de
un mayor valor en la exportación de materias primas (principalmente las no
renovables, como ser los hidrocarburos), las cuales generan mayores ingresos
públicos y a su vez ha favorecido principalmente a cuatro sectores: 1) la Banca (el sistema bancario
ha acrecentado sus ganancias y además se ha visto favorecido por la bolivianización); 2) las
cooperativas mineras que además no pagan algunos impuestos; 3) el sector
manufacturero, especialmente el vinculado con el cemento, como consecuencia de la
expansión de la construcción de viviendas aspecto que es muy peculiar dado la
similitud con aquellos países donde el narcotráfico tiene una mayor incidencia,
como ser: México y Colombia; y, finalmente, 4) existe un incremento del gasto
en la administración pública.
Del mismo modo,
tampoco debiéramos despreocuparnos del crecimiento del sector informal en el país, máxime si existen
informes que dan cuenta sobre un altísimo porcentaje poblacional ligado a la
economía informal (esto es: la circulación de dinero proveniente del
contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, etc.); lo cual implica que aquella
“bonanza” que algunas personas pudieran
estar experimentando no necesariamente proviene de fuentes idóneas que
beneficie el desarrollo integral del país.
Durante el año
2012, la pregunta que muchos se hacen es la siguiente: ¿por qué motivo, si tenemos un importante ingreso de libre
disponibilidad se continúa impulsando una política de endeudamiento en el
exterior?, esto debido a que llamó la atención la emisión de bonos
soberanos por 500 millones de dólares en el mercado internacional, lo cual a
vista de muchos expertos constituye un síntoma claro de necesidad, ya que por
esta vía se estaría buscando recobrar la confianza del inversionista y de los
mercados internacionales, motivado por la falta de certidumbre jurídica dentro
del contexto internacional surgido por el fantasma de la nacionalización en
Argentina y los conflictos internos que Bolivia experimentó en este año, como
ser: las tomas de yacimientos mineros, los bloqueos camineros, la retirada de
la empresa Yindal de Bolivia, el cual dejó en suspenso aquel salto cualitativo
de pasar de la extracción de minerales a la metalurgia, quedando imposibilitada
de otorgar valor agregado a sus recursos naturales. Otro de los problemas que
siempre estará latente es el mantenimiento de la subvención del precio de los
carburantes, por el fuerte impacto sobre la economía fiscal y la inadecuada
manera de ocultar nuestra real situación económica.
Estos y otros factores más, inciden en la necesidad de generar un ambiente de seguridad y sosiego para atraer grandes y buenas inversiones formales que posibiliten el mejoramiento y la dinamización del sector productivo nacional a mayor escala siendo fundamental agregarle valor a la producción (debiéndose invertir en educación de calidad, estimular la transferencia de capitales y tecnología, hacer expedido el surgimiento de clusters de diferentes tipos, incentivando el conocimiento y la creatividad, etc.).
En ese sentido, es
lógico suponer que es de suma importancia contar con un marco normativo que
genere cierta seguridad jurídica para el inversionista, entre éstas, tenemos:
Ley de inversiones, Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley Laboral (Código
Laboral y Código de Procedimiento Laboral), Ley de regulación de la cadena
productiva, etc.; mismas que hasta la fecha continúan pendiente de
promulgación.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que no por el solo hecho de
crear una inflación de leyes de carácter socio económicas se encontrará garantizada aquella inversión añorada.
Es decir, por más
de que existan leyes cuyo espíritu sea el de convertir los mercados financieros
más transparentes, traer regulaciones más eficientes, crear mejores condiciones
de ahorros, ayudar a la inversión a largo plazo necesario para el desarrollo
sustentable y la equidad social, etc.; si estas normas al momento de ser
aplicadas no van acompañadas del respeto de los derechos y las garantías
constitucionales de las personas ni existe “calidad institucional” que
mínimamente garantice la preservación de tales libertades individuales,
difícilmente se podrá cumplir aquel espíritu normativo por muy bueno que fuese
y por ende se estaría boicoteando así mismo la pesca de aquella inversión de
calidad.
Los últimos
acontecimientos en nuestro país, lamentablemente no son muy halagadores al respecto,
pues existe una Caja de Pandora abierta relacionada con la posibilidad de “proyectos de leyes inconstitucionales” y
con “corrupción institucionalizada en
algunos sectores públicos” que imposibilita otorgar ese preciado ambiente
de “certidumbre jurídica” y “calidad institucional” que Bolivia necesita.
Cabe citar dos
ejemplos: 1) el “proyecto de ley de
extinción de dominio de bienes a favor del Estado” el cual adolece de
inconstitucionalidad, a tal extremo que originó enfrentamientos entre un
Ministro de Estado y la presidenta de la Cámara de Diputados sumado a multitudinarias
manifestaciones de varios sectores sociales en repudio de dicha norma
confiscatoria; y, 2) “la corrupción” incrustada en determinados sectores públicos
donde se pudo evidenciar que sus víctimas fueron personas a quienes se les
aplicó las leyes de manera totalmente abusiva, arbitraria, extorsiva y
atentatorio a la propiedad privada; muestra de ello, las noticias nacionales informan
que existen servidores públicos pertenecientes al Ministerio de Gobierno y
algunos operadores de justicia, con detención preventiva por tales hechos de
corrupción.
Por este motivo, resurge la importancia de tomar énfasis a la meritocracia y la profesionalización del sector público orientado al
servicio ciudadano, además de la rendición de cuentas de sus
actos de forma permanente y frecuente, ya que todo servidor público ha sido
elegido y/o designado con un poder limitado al servicio y bajo el control de la
sociedad, no al revés.
En definitiva,
podemos concluir que para garantizar la inversión privada urge de menos
judicialización de la política, más protección efectiva de “todos” los derechos
humanos y de las libertades, más equidad de género, más seguridad jurídica, más
transparencia en la información de gasto y de inversión pública, una democracia
representativa más sólida, más confianza y menos corrupción.
