Ciro Añez Nuñez
Recientemente fui entrevistado en el programa Simióticas
de la Revista EnergíaBolivia, donde conversamos sobre la situación social que
atraviesa Europa y la coyuntura de nuestro país.
Europa experimenta una intensa crisis de malestar
ciudadano marcada por una oleada de protestas callejeras en diversos países
como Francia, España, Italia, Bélgica, Albania y Portugal. Las causas
principales de este fenómeno son cuatro: a) el costo de vida y estancamiento
salarial, impulsados por una inflación que ensancha la brecha entre los
precios básicos y el poder adquisitivo real de los trabajadores; b) la
crisis de la vivienda, exacerbada por los alquileres turísticos de corta
duración que expulsan a gran parte de la población de los hogares asequibles;
c) el deterioro del Estado del bienestar, reflejado en el debilitamiento
de la sanidad, la educación y las pensiones; y d) el descontento juvenil,
liderado por una "Generación Z" atrapada en la incertidumbre laboral
y la falta de proyectos de futuro.
Este caldo de cultivo económico y social ha estimulado
el crecimiento de formaciones políticas radicales y de extrema derecha que
alcanzan un alto respaldo electoral. Ante ello, el Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido sobre los episodios de
violencia, pero también sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial.
Organismos internacionales coinciden en que el orden público es insuficiente si
los gobiernos no ofrecen respuestas estructurales frente a la desigualdad y la
precariedad.
En paralelo, la clase media no avanza hacia un
apagón total, sino hacia una profunda reconfiguración. El modelo del siglo XX,
basado en empleo fijo y pensiones garantizadas, cede paso ante un entorno
volátil donde solo quienes se integran a los flujos globales y digitales
retienen su estabilidad. La pirámide social se estira: los sectores conectados
a la economía digital ascienden, mientras las clases medias tradicionales
dependientes de salarios locales fijos caen hacia la vulnerabilidad.
Por otro lado, Bolivia atraviesa una encrucijada
que exige examinar críticamente la organización del poder, la calidad
institucional y la capacidad del Estado para articular a una sociedad diversa
bajo reglas democráticas compartidas. Frente al malestar global y la crisis
estructural interna, el verdadero desafío no reside en la rotación de
autoridades ni en consignas ideológicas, sino en recuperar la seguridad
jurídica, la meritocracia y el control democrático del poder.
Los problemas políticos, económicos y sociales no
pueden atribuirse exclusivamente a un gobierno de turno ni resolverse mediante
un mero recambio de rostros. Es imperativo distinguir entre las deficiencias de
gestión, las fallas estructurales de las instituciones y las limitaciones del
propio diseño constitucional. Bolivia demanda una reconstrucción institucional,
ética y democrática que combine reformas jurídicas, un sólido Estado de derecho
y una profunda transformación de la cultura ciudadana. Una nueva Constitución
puede formar parte de ese proceso, pero jamás será una panacea por sí sola.
Conviene recordar que el Estado es la
organización política y jurídica permanente —respaldada por una población, un
territorio y un ordenamiento que regula la convivencia— que, en palabras de Max
Weber, reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Históricamente, el
ser humano consolidó este armazón a través de normas de cooperación útiles y
estables, sustentadas en tres pilares teóricos: a) El Pacto Social: De acuerdo con Hobbes, Locke y Rousseau, el
Estado nace de un acuerdo voluntario donde los ciudadanos ceden parte de su
libertad natural a cambio de seguridad, orden y garantía de derechos; b) La Soberanía Popular: El poder emana
del pueblo, encontrando su máxima expresión normativa en la Constitución y el
Poder Constituyente; y, c) El Estado de
Derecho: El principio rector de que gobernantes y gobernados están
inexorablemente sometidos a la ley, con límites estrictos fijados por la
Constitución y los tratados internacionales.
El Gobierno, en cambio, es el conjunto
temporal de autoridades que administra el Estado conforme a un programa
político y a las competencias dictadas por el ordenamiento jurídico. Esta
diferencia es axial: los gobiernos cambian, pero el Estado mantiene su continuidad
institucional. El Estado pertenece a la sociedad en su conjunto; no es
patrimonio de ningún partido, facción ni ideología.
La institucionalidad de una nación no se mide por
la abundancia de ministerios o leyes, sino por el respeto irrestricto a los derechos
individuales y a la certeza jurídica. Las normas deben ser generales,
abstractas y aplicadas con estricta igualdad, distanciándose de regulaciones a
medida para grupos de presión. Una arquitectura institucional sólida exige
separación de poderes, independencia judicial, pluralismo y rendición de
cuentas para evitar que el Estado degenere en tiranía. En este sentido, debemos
rechazar las instituciones extractivas y el populismo: repudiar la
creación de burocracias estatales innecesarias cuyo único fin es confiscar el
esfuerzo de los creadores de riqueza para sostener clases políticas
parasitarias y demagógicas.
En Bolivia, la Constitución reconoce democracias
complementarias: representativa, directa, participativa y comunitaria. Sin
embargo, la participación ciudadana no debe agotarse en el voto periódico, sino
extenderse al control social, la deliberación pública y la fiscalización.
El debate político contemporáneo sufre de un
peligroso sesgo dogmático: el enfrentamiento tribal entre "izquierda y
derecha". Reducir la gestión pública a una lealtad de bandos destruye la
esencia democrática y nos retrotrae al feudalismo. Los problemas del mundo son
técnicos y humanos, no ideológicos; exigen pragmatismo y mentes flexibles.
Lo relevante no es el tamaño abstracto del Estado,
sino la calidad de su administración. Un aparato hipertrofiado asfixia la
iniciativa individual; un Estado desmantelado abandona a los vulnerables. El
objetivo, por tanto, es caminar por el camino del medio: transitar hacia
una administración justa e inclusiva que actúe como facilitadora de
oportunidades y red de seguridad básica frente a la volatilidad global, sin
caer en el clientelismo.
Bolivia es constitucionalmente un Estado unitario,
descentralizado y autonómico. No obstante, el reconocimiento formal de las
autonomías no garantiza su eficacia si persisten la dependencia financiera y
las trabas competenciales.
Aunque el país presenta un persistente déficit de
integración institucional y democrática, afirmar que el Estado boliviano ha
colapsado por completo —equiparándolo con realidades extremas como Haití, Yemen
o Somalia— resulta impreciso. Sin embargo, hay que encender las alarmas, porque
dichos países antes de acabar como están, tuvieron algo en común. El síntoma en
común de todos ellos es y fue: la corrupción generalizada y desvergonzada.
Con todo, en Bolivia el nivel de deterioro es
sumamente preocupante en áreas críticas, como ser: 1) Justicia: Una
severa crisis de confianza donde la ley se percibe subordinada al poder
político, económico o corporativo además de la corrupción en el sistema
judicial sumada a una desconfianza social hacia toda la administración pública;
2) Resolución de conflictos: La
sustitución sistemática de los procedimientos legales por la fuerza, el bloqueo
y la presión corporativa; 3) Autoridad estatal: La presencia de poderes
fácticos y territorios donde la ley no se ejecuta (como la resistencia a
órdenes judiciales en zonas específicas) o prolifera el contrabando; y, 4) Legitimidad
democrática: Sectores que cuestionan abiertamente las reglas electorales y
la alternancia pacífica.
Para superar esta coyuntura sin caer en recetas
mágicas —ni en un federalismo visto como panacea universal sin diagnóstico
previo—, Bolivia precisa un orden fiscal descentralizado mediante un pacto
fiscal genuino. Esto implica eliminar incentivos perversos basados en la
burocracia y la tramitología asfixiante, abriendo paso a la meritocracia, la
carrera administrativa y rigurosos controles éticos.
La verdadera transformación institucional de
Bolivia debe priorizar: a) Independencia y control del poder: Garantizar
la autonomía judicial y la fiscalización meritocrática de las autoridades; b) Orden
territorial y fiscal: Consolidar competencias claras y sostenibilidad
financiera en los niveles autonómicos; y, c) Transparencia radical:
Combatir la corrupción estructural, entendida no solo como desvío de fondos,
sino como la mentalidad perversa de anteponer el interés particular o grupal al
bienestar común.
Las instituciones por sí solas no bastan si no van
acompañadas de una transformación en la conducta ciudadana. La corrupción
prospera cuando se normalizan el favoritismo y la pequeña transgresión
cotidiana. Por ello, la democracia exige dejar de ser meros espectadores:
implica una ciudadanía informada, crítica y corresponsable, capaz de ejercer
sus derechos con respeto a la ley y a los derechos ajenos.
A manera de conclusión, podemos decir que Bolivia
no sanará sus fracturas mediante el recambio automático de gobernantes ni
redactando constituciones improvisadas. La auténtica reconstrucción nacional se
medirá por la capacidad de nuestras instituciones para garantizar justicia,
libertad, seguridad jurídica y responsabilidad pública (rendición de cuentas,
recuperación de los activos sonsacados y reparación del daño económico causado).
El paso fundamental es consolidar un orden social cimentado en el respeto
irrestricto a la Constitución y a las leyes acordes con el diseño constitucional, respaldado por una sólida elevación de la ética
pública a través de la educación y el desarrollo interior. Porque el Estado
pertenece a la comunidad política, el Gobierno es temporal, y el poder solo es
legítimo cuando se ejerce como un servicio al bien común y a los intereses
generales.
