Ciro Añez Núñez.
El gran problema es cuando toda una sociedad adquiere la
mentalidad del mafioso, que justifica la ilegalidad, desprecia la honestidad y
considera que el éxito económico puede borrar cualquier cuestionamiento, por lo tanto, es la total insensatez elemental y la búsqueda de ausencia absoluta de responsabilidad.
En ese contexto, el delincuente deja de verse a sí
mismo como tal y se considera astuto, poderoso e incluso superior a quienes
viven y trabajan dentro de la legalidad, pues los desprecian y se burlan, al extremo que
consideran cobarde, tonto y que está en decadencia, obsoleto y rezagado (que se está quedando muy atrás), a quien se esfuerza por actuar sobre seguro
cumpliendo la norma, pues bajo la perspectiva del mafioso lo único que más le interesa son los mayores ingresos económicos, el dinero, las ganancias, el hacer mucho en el menor tiempo, a través de la mentira y el engaño, cometiendo ilicitudes e ilegalidades, como ser: evadir
impuestos, engañar, sobornar, estafar, falsificar, robar, suplantar
identidades, lavar dinero, ganar dinero mediante el cabildeo venal o lobby corrupto, etc.; y, resulta que por hacer eso, cree que es mucho campeón, que es una persona muy productiva, exitosa, inteligente, valiente, sagaz y hábil. Así de cínico y
Esta es, precisamente, una de las características
más preocupantes de la mentalidad mafiosa: el pragmatismo sin escrúpulos, según
el cual lo único que importa es conseguir el resultado deseado, sin reparar en
los medios utilizados ni en el daño causado.
La lógica del mafioso es simple: «Lo que llaman justicia es lo que digan las autoridades competentes, por ende, pagamos a la
justicia para que actúe a nuestro favor; así, nada de lo que hagamos es delito
y fin de la historia». Para ellos, el delito no existe por lo que diga una ley
o un código, sino por lo que decidan las referidas autoridades, por lo tanto, a
punta de corrupción al sistema, logran su cometido, pagan por ello,
instaurándose la clase corrupta, las redes de corrupción y la mafia institucionalizada. Si
tras un breve tiempo en prisión son liberados mediante sobreseimientos,
absoluciones o la extinción de la acción penal —o simplemente si el caso se
congela y logran huir del país bajo medidas sustitutivas—, su conclusión es
contundente: nunca hubo delito porque jamás se les probó nada. Esa es, en
esencia, la mentalidad del mafioso.
Desde esa lógica, la justicia no se concibe como un
sistema de principios, garantías y normas de cumplimiento obligatorio, sino
como un obstáculo que puede neutralizarse mediante dinero, influencias, favores
o presiones.
La ley deja de ser un límite y se convierte en una
variable negociable. El razonamiento es tan simple como peligroso: si puedo
comprar protección, manipular un procedimiento o conseguir que una investigación
no llegue a sus últimas consecuencias, entonces puedo actuar como quiera.
El problema de esta mentalidad no reside únicamente
en la comisión de delitos, sino en la convicción de que todo tiene un precio,
incluidos la verdad, la justicia y la responsabilidad.
No se debe promover la impunidad como falsa prueba
de inocencia. Una de las expresiones más perversas de esta incultura aparece
cuando se confunde la falta de una condena con la inexistencia de un delito. Si
una investigación concluye sin acusación, si una persona resulta absuelta o si
un proceso termina por una causa legal de extinción, algunos interpretan
automáticamente que nunca hubo conducta ilícita alguna.
Sin embargo, una resolución judicial debe
entenderse conforme a sus fundamentos y a las circunstancias concretas del
caso. Una absolución no equivale necesariamente a una declaración histórica de
que nada ocurrió, del mismo modo que una denuncia tampoco demuestra
culpabilidad. El Estado de Derecho exige respetar la presunción de inocencia,
las garantías procesales y las decisiones judiciales, pero también demanda
instituciones capaces de investigar con independencia, objetividad y eficacia.
La distorsión surge cuando la persona que ha
logrado eludir las consecuencias de sus actos —por cualquier mecanismo,
legítimo o ilegítimo— convierte ese resultado en una supuesta demostración de
superioridad. Si el proceso no prosperó por deficiencias investigativas,
negligencia, presiones indebidas o corrupción, la conclusión no debería ser que
el sistema ha demostrado la inexistencia de un problema, sino que corresponde
examinar las causas de su fracaso.
Cuando la justicia se percibe como comprable, la
impunidad deja de ser una anomalía y comienza a funcionar como un incentivo.
Quien dispone de recursos o conexiones puede llegar a considerar que el riesgo
de delinquir (sobornar, falsificar, mentir para engañar, estafar, etc.) es
simplemente un costo más de sus negocios.
Y cuando esa percepción se generaliza, la confianza
pública se deteriora, las víctimas pierden la esperanza de obtener reparación y
quienes cumplen la ley pueden llegar a sentirse en desventaja frente a quienes
la vulneran.
Es así cuando la delincuencia se disfraza de éxito,
por cuanto, la mentalidad mafiosa no se desarrolla en el vacío, pues encuentra
terreno fértil en una sociedad que admira la riqueza sin preguntar por su
origen, que celebra el poder sin examinar cómo se obtuvo y que confunde la
capacidad de imponerse con la verdadera inteligencia.
En ese ambiente, engañar, falsificar, sobornar o
incumplir deliberadamente una obligación puede presentarse como una muestra de
viveza (la viveza criolla).
Al que respeta las reglas se lo tilda de ingenuo;
al que encuentra la manera de eludirlas, de inteligente. Así se invierten los
valores: la honestidad parece una desventaja y la deshonestidad se convierte en
una supuesta habilidad para triunfar.
Lo más preocupante es que esta lógica puede
trascender los círculos estrictamente delictivos. También aparece en los
pequeños fraudes cotidianos, en la evasión deliberada de responsabilidades, en
el soborno justificado como una solución práctica y en la admiración por
quienes exhiben bienes cuyo origen nadie se atreve a cuestionar.
No se trata de sospechar de toda persona que posee
riqueza, ni de convertir el éxito económico en motivo de reproche. Se trata de
comprender que el dinero, por sí solo, no acredita honestidad, decencia, tampoco
inteligencia ni calidad humana. La riqueza puede ser fruto del trabajo decente,
la creatividad y la inversión legítima; pero también puede provenir de
actividades ilícitas. La diferencia fundamental no está en cuánto se posee,
sino en cómo se obtuvo y qué medios se utilizaron para conseguirlo.
Acumular dinero no convierte automáticamente a
nadie en una persona íntegra. La reputación, la integridad y la confianza no se
compran con un automóvil de lujo, una residencia costosa, una cuenta millonaria
o una posición de poder.
Una sociedad que admira los resultados sin examinar
los medios termina enviando un mensaje devastador: lo importante no es hacer lo
correcto, sino conseguir lo que se desea y evitar que las consecuencias
alcancen al responsable.
Frente a esta realidad, es necesario formular una
pregunta incómoda: ¿de dónde surge una mentalidad que normaliza el engaño y
desprecia la honestidad?
La respuesta no puede reducirse a una sola causa.
La corrupción responde a factores institucionales, económicos, culturales y
personales. Sin embargo, existe un espacio fundamental en el que se forman las
primeras nociones sobre lo correcto y lo incorrecto: el hogar.
La familia constituye una de las primeras escuelas
de conducta. Los hijos no aprenden únicamente de los discursos o lo que
escriban sus padres, sino, sobre todo, de sus comportamientos. Un adulto puede
hablar durante horas sobre honestidad, pero si después soborna a un funcionario
para evitar una multa o para obtener algo en el menor tiempo posible, celebra
que su hijo copie en un examen o justifica quedarse con dinero que no le
pertenece, la enseñanza real será muy distinta de sus palabras.
El mensaje implícito es que las normas deben
cumplirse únicamente cuando conviene y que la deshonestidad puede justificarse
si produce algún beneficio.
Lo mismo sucede cuando se incumple la palabra, se
engaña a un cliente o a un trabajador, se manipulan las reglas o se presenta
como una proeza haber obtenido una ventaja mediante la trampa. Esas conductas,
aparentemente pequeñas, contribuyen a normalizar una forma de pensar en la que
los principios son negociables.
Esto no significa que todos los jóvenes reproduzcan
necesariamente los comportamientos de sus familias ni que la responsabilidad de
la corrupción recaiga exclusivamente en los padres. La educación, las
amistades, el entorno social, las instituciones y las oportunidades también
influyen. Pero sería un error ignorar que la formación ética comienza mucho
antes de que una persona llegue a una universidad, ocupe un cargo público o
dirija una empresa.
Las universidades pueden enseñar Derecho, economía,
administración y otras disciplinas con rigor académico. También pueden promover
la ética profesional. Sin embargo, difícilmente podrán corregir por sí solas
una cultura de la honradez profundamente arraigada si el entorno familiar y
social continúa premiando las conductas contrarias a los valores que pretenden
enseñar.
Si el problema tiene una dimensión cultural, la
respuesta no puede limitarse a incrementar las penas, aprobar nuevas leyes, posesionar
autoridades con mucho ruido y rimbombancia o multiplicar las campañas
institucionales. La sanción es necesaria cuando corresponde, pero la prevención
exige un trabajo más profundo y constante. Para educar en integridad, es
menester menos discursos y más coherencia, enseñar con el ejemplo.
El primer paso consiste en dejar de justificar la
denominada micro-corrupción cotidiana, como, por ejemplo: copiar en un examen,
alterar información, quedarse deliberadamente con un vuelto equivocado,
falsificar un documento o pagar un soborno no son muestras de viveza. Son
comportamientos deshonestos cuya gravedad jurídica dependerá de las
circunstancias, pero cuyo significado ético no debería relativizarse.
La educación en integridad requiere llamar a las
cosas por su nombre, sin dramatizaciones innecesarias, pero también sin
eufemismos que conviertan la trampa en una virtud.
El segundo paso consiste en redefinir el éxito
familiar. Los hijos necesitan comprender que el valor de una persona no depende
de la marca de su automóvil, del barrio donde vive o de la cantidad de dinero
que exhibe. El esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad, la honestidad y la
capacidad de cumplir la palabra deben recibir tanto reconocimiento como los
resultados materiales.
También es importante enseñar que el dinero
obtenido legítimamente puede proporcionar bienestar, pero que la obsesión en la
búsqueda de riqueza a cualquier precio puede destruir aquello que supuestamente
pretende alcanzar: la tranquilidad, la confianza, la libertad y la estabilidad
familiar.
El dinero mal habido puede traer consecuencias
penales, patrimoniales y reputacionales, además de afectar a las víctimas y a
terceros. No obstante, incluso al margen de una sanción judicial, vivir de la
mentira implica deteriorar los vínculos de confianza que hacen posible una
convivencia digna.
Educar en integridad significa comprender que no
todo lo rentable es aceptable y que existen límites que no deben cruzarse,
aunque hacerlo parezca conveniente.
Cabe mencionar que la transformación cultural
tampoco puede dejarse exclusivamente en manos de las familias. Las escuelas,
las universidades, las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones
comunitarias y, especialmente, las instituciones públicas tienen una
responsabilidad compartida.
Los centros educativos pueden fortalecer la
formación ética de los padres mediante programas de orientación y corresponsabilidad
familiar. Estas iniciativas deben ser accesibles, prácticas y respetuosas de
los derechos de las familias, evitando que la educación se convierta en un
mecanismo de exclusión o en una imposición burocrática.
Los medios de comunicación y las redes sociales,
por su parte, pueden contribuir a desmontar la imagen romántica del delincuente
exitoso. En lugar de glorificar el lujo, el poder y la ostentación sin examinar
su procedencia, pueden mostrar el costo humano, económico e institucional de la
corrupción y del delito.
La sociedad también necesita recuperar la capacidad
de cuestionar las conductas deshonestas sin caer en la difamación, el
linchamiento moral o la condena anticipada. La responsabilidad social debe
expresarse mediante la exigencia de transparencia, el rechazo de prácticas
corruptas, la denuncia responsable y el respeto al debido proceso.
Pero hay una condición indispensable: las
instituciones deben ofrecer un ejemplo coherente. No es razonable exigir
honestidad a los ciudadanos mientras los mecanismos de contratación pública,
fiscalización, investigación y administración de justicia son percibidos como
opacos o susceptibles de manipulación.
La prevención del delito requiere controles
efectivos, procedimientos transparentes, rendición de cuentas y consecuencias
oportunas. También exige reducir las oportunidades de corrupción, limitar la
discrecionalidad injustificada y proteger a quienes denuncian irregularidades.
Una cultura de integridad no se construye solamente
apelando a la conciencia individual. Necesita instituciones que hagan posible
actuar correctamente y que impidan, en la medida de lo posible, que la
deshonestidad resulte más rentable que el cumplimiento de la ley.
Se requiere de una sociedad que no premie la
deshonestidad, pues la mentalidad mafiosa representa mucho más que una
disposición individual a cometer delitos. Es una forma de entender el mundo en
la que el poder sustituye al derecho, el dinero pretende reemplazar a la
dignidad y la impunidad se interpreta como una demostración de inteligencia.
Combatirla exige una doble tarea: fortalecer las
instituciones y transformar los patrones culturales que legitiman la trampa. No
basta con perseguir a quienes cometen delitos si, al mismo tiempo, se continúa
admirando su riqueza, justificando sus métodos y presentando su capacidad para
evadir responsabilidades como una virtud.
Tampoco basta con exhortar a las familias a educar
mejor si el entorno social premia sistemáticamente la ostentación, la
influencia y el enriquecimiento sin importar su procedencia.
La verdadera valentía no consiste en infringir las
reglas y desafiar las consecuencias. Consiste en actuar con rectitud incluso
cuando nadie observa, cuando la conducta honesta supone una desventaja
inmediata o cuando existe la oportunidad de obtener un beneficio indebido.
La verdadera inteligencia no consiste en encontrar
la manera de engañar al sistema, sino en comprender que ninguna sociedad puede
sostenerse indefinidamente sobre la desconfianza, la corrupción y el desprecio
por las normas.
Y la verdadera decencia no se mide por lo que una
persona posee, sino por la manera en que vive, trabaja, trata a los demás y
asume las consecuencias de sus decisiones.
El hogar es uno de los primeros espacios donde se
aprende la integridad; las instituciones son el lugar donde esa integridad debe
encontrar respaldo, y la sociedad es el escenario donde se decide qué conductas
merecen reconocimiento. Si queremos una sociedad menos corrupta, debemos dejar de admirar al
que engaña y comenzar a respetar a quien hace lo correcto, incluso cuando
hacerlo no le proporciona ventajas inmediatas.
Porque el problema más profundo no aparece
solamente cuando alguien comete un delito. Aparece cuando una sociedad comienza
a considerar que cometerlo, siempre que se tenga dinero o influencia para
evitar sus consecuencias, es una forma legítima de triunfar.
