Ciro Añez Núñez.
En Latinoamérica, lamentablemente la administración
pública está cimentada en la absoluta “desconfianza” (vivir a la defensiva)
procreadora de la pérdida del sentido común, de un Estado agigantado con mayor
burocracia, de infinidad de trámites con la obligatoriedad de que para
cualquier cosa que haga requiera demostrar su autenticidad y validez. Mientras
más enrevesado sea el trámite es mayor el caldo de cultivo de corrupción porque
se vende la solución de la agilización llegando incluso a ser vista como algo
normal, común y corriente.
En ese sentido, lo que existe es una “crisis de
confianza institucional”. Es importante que los administradores de justicia
vean la realidad de la gente. Los ciudadanos deseamos principalmente que se
garanticen y protejan eficientemente la vida, las libertades y la propiedad
privada.
El desarrollo humano y el progreso es posible en un
ambiente donde se vean garantizadas la vida, las libertades y la propiedad privada,
por cuanto viabilizan la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida
humana.
Nosotros, los administrados ya no debemos vernos
maltratados ni andar a la defensiva ante los servidores públicos, cualquiera sea
la institución estatal. Es hora que realmente se entienda que la soberanía radica
en el pueblo (entendiéndose pueblo como la "suma de los individuos"
que sale en defensa de sus libertades individuales, tal como lo hizo en los 21
días de fe y de resistencia civil pacífica contra el tirano, hasta lograr que
fugue del país).
Al respecto, hagamos un ejemplo alegórico: Imaginemos
que el Estado sea un bus, y digamos que el dueño del bus sea el pueblo, y éste
último elige y contrata a un chofer para que maneje el vehículo.
Al chofer, llamémoslo el político, presidente o miembro del senado o de diputados, el presidente de un
país, el gobernador, un alcalde de la región, etc., pero que al poco tiempo que
aquel chofer conduce el vehículo, no solo le halló el gusto sino que éste ya se
cree el dueño absoluto del mismo y empieza a maltratar al verdadero dueño, lo
desconoce, no lo deja visitar ni subirse al bus; y, para el colmo de males,
manda a reprimirlo con los mecanismos represivos y coercitivos estatales, pone
en peligro la vida de éste, le quita sus bienes, confisca sus bienes mediante
una serie de cargas impositivas abusivas, les priva de la propiedad privada,
vive investigado, observado, espiado, dirigido, jurídicamente conducido,
adoctrinado, controlado, vigilado, ponderado, evaluado, censurado, despojado, explotado, oprimido, puesto entre rejas, sentenciado, condenado, y
demás atropellos descarados, y todo eso, mayormente lo hace, bajo el rótulo de principio
de legalidad.
Ya es momento que el pueblo boliviano realmente entienda todo
esto y que exija a la autoridad, al servidor público, que trabajen en pro del
verdadero progreso y desarrollo del país, que dejemos de hacer doble culto tanto
a la inflación de leyes (el costo de la legalidad no tiene que ser demasiado
alto para las personas para evitar acrecentamiento de la informalidad
delincuencial y la ley en realidad debe servir para limitar al poder, no para
reflejarla) como al “extractivismo” como si fuese nuestra única suerte como país
para crecer. La prosperidad no consiste únicamente en crecimiento económico y
menos aún se debe confundir crecimiento con desarrollo.
No basta con cambiar la ley, llevar a cabo reformas
constitucionales o vivir rogando a los políticos que tengan voluntad para cambiar
la realidad, eso es una ingenuidad. Para que un cambio político funcione tiene
que existir legitimidad.
Es más provechoso que exista reforma institucional en
lugar de crear disposiciones normativas y llenarnos de leyes, es menester simplificar
los sistemas políticos e instituciones, permitiendo que la sociedad civil se involucre
con entes serios de representatividad civil que ejerzan un adecuado control
social.
Aquel asunto trillado de que la crisis judicial se
debe a la falta de independencia judicial, ya para nadie resulta una novedad y no
basta un artículo constitucional o una variedad de postulados escritos en leyes,
para que eso cambie, pues al final, el papel todo aguanta y en los hechos resultará
siempre ineficaz, si es que antes nosotros mismos (los que conformamos el pueblo)
no tomamos en serio esa frase (independencia de poderes) y nos convenzamos a
nosotros mismos que así debe y tiene que ser.
La independencia judicial está prevista en la Constitución por ende debe ser ejercida con actitud, convicción y coraje, no pedirla a ruegos, como si se tratase de un favor que debe darlo el político.
Es consabido que la independencia judicial es un elemento
indispensable del Estado Constitucional de Derecho, palabras más, palabras
menos, con o sin elegancia, ya mucha gente hasta por lógica simple, entiende que
ésta constituye en uno de los pilares que asegura la libertad, la seguridad jurídica,
así como la justiciabilidad de los derechos de todas las personas.
Sin embargo, es bueno hacer recuerdo que la falta de
independencia judicial, en realidad es un “problema político”, por ende, debemos
recordar aquel viejo adagio que dice: "locura es hacer lo mismo, esperando
resultados diferentes”.
Con ello, está claro que ya no se debe dejar en manos
de los políticos la preselección y selección de magistrados, por lo tanto, amerita
la intervención de la sociedad civil a través de representaciones serias de
asociaciones civiles, fundaciones, Universidades, etc., en el proceso de
preselección y selección de magistrados de altos cargos en el Órgano Judicial y
que además se cumpla el art. 178-II de la Constitución: "carrera judicial y autonomía
presupuestaria".
Si el administrado es maltratado, éste en algún
momento reaccionará y debe ser parte responsable de todo esto pues las
libertades implican responsabilidades, no sucumbamos en la estupidez del
libertinaje, la pereza, dejando las cosas a otros actores otorgándoles poder para
que decidan de forma absoluta sobre nuestras vidas, al extremo de que lleguemos
a ser echados de nuestra morada o aposento.
Tiene que llegar el momento en que la sociedad civil
se involucre activamente mediante organizaciones adecuadas de representación de
la sociedad civil en la selección de magistrados y no dejarlo todo en manos de
los políticos. Que no sean los políticos quienes condicionen al pueblo a elegir
a determinados magistrados de altas jerarquías del Órgano Judicial bajo su
padrinazgo político.
Otra forma de empoderamiento a favor la sociedad civil,
es a través de la democratización de la justicia, esto es, el retorno de los
jueces ciudadanos en materia penal, por ejemplo, que en líneas generales
demostró que era más difícil ser manipulado y no tener la necesidad de padrinos
políticos.
Habrá quienes, muchas veces basados en absurdos prejuicios,
dirán eso del juez ciudadano corresponde a tal o cual gobierno, nunca funcionó;
sin embargo, recordemos lo siguiente: “no es que no funcionó sino que no lo
dejaron funcionar que es diferente” pues esa nueva visión obviamente implicaba
debilitar el factor político, disminuir en sobremanera la influencia del Ejecutivo en función de gobierno. No volvamos a pecar nuevamente de ingenuos en
eso.
Una muestra de aquello, es el funesto caso de terrorismo,
el cual era toda una falacia armada y confabulada siniestramente que, si no hubiera
sido por la presencia de los jueces ciudadanos, ese caso hubiera acabado de
forma rápida con personas injustamente condenadas. Fueron los jueces ciudadanos
quienes al final renunciaron ante tanta arbitrariedad, quedando dicho tribunal
de sentencia totalmente deslegitimado, sin quorum y sumado a ello el retiro de
la acusación, por cuanto ya todo resultó ser insostenible ante la salida de un Órgano
Ejecutivo tiránico.
Adviértase esta situación antes descrita. Existen ya muchas
evidencias y experiencias concretas, que no son cuentos ni elucubraciones demenciales.
Dejemos ya de lado aquel fanatismo hacia lo político ni caigamos embobados en
el canto de sirenas de muchos de ellos.
El pueblo boliviano, si pese al alto costo de la legalidad
y al maltrato judicial, logra vivir como puede, queda claro que no es obviamente
gracias a ellas (no es gracias a las leyes ni a la justicia boliviana máxime ante tanta penumbra
judicial), sino por su fuerte ímpetu por vivir bajo su inquebrantable capacidad
individual de supervivencia, de creatividad, de resiliencia, de trabajo duro, inteligente
y creativo, basados en el esfuerzo y la dedicación por los suyos y porque desde
sus entrañas cada persona desea una mejor sociedad.
Los jueces deben entender esa realidad, es decir,
deben interesarse en lo que piensa el pueblo. Es menester que los
administradores de justicia se conecten con la realidad, no sólo interesarse en
lo que el Estado hace y tampoco creer en la fantasía de algunos postulados pregonado
por el gobierno de turno ni caer en el fanatismo por algunas doctrinas exentas
de sentido común pero que debido a que se puso de moda en muchos países, se la sigue al pie de la letra a un nivel hasta de exaltación sin incentivar previamente el pensamiento analítico, crítico,
reflexivo y creativo.
La labor jurisdiccional no es cuestión de seguir determinadas
corrientes sin base objetiva, por cuanto muchas de esas corrientes mayormente
persiguen fines comerciales o nacen a raíz de un preocupante extravío en la
retórica o un fanatismo por lo abstracto y extravagante donde prefieren vivir
de crisis en crisis y no con sentido común, por cuanto eso les posibilita la permanencia
de privilegios, prerrogativas y negocio.
Cabe recordar que la simplicidad objetiva siempre resulta
mucho mejor que aquellas largas y confusas elucubraciones que llevan casi
siempre hacia la tiranía de los gobiernos, la inflación de leyes, reformas y
contra reformas de simple fachada.
En definitiva, se requiere menos Estado y más
libertades individuales, esto debe entender el próximo gobierno si realmente se
desea avanzar por un mejor sendero en la administración de justicia y no seguir
haciendo lo mismo buscando con ello resultados diferentes.
En todo esto, tampoco debemos olvidar que se debe
apostar por recursos humanos judiciales idóneos, tanto en los altos cargos del
Poder Judicial (que dichos magistrados ostenten autentica idoneidad profesional, inteligencia emocional, científica, humana y social, carácter basados en principios y valores, vocación de servicio, capacidades y habilidades
prácticas y de administración, etc.) sino
también en tribunales y jueces, secretarios, auxiliares y diligencieros en todo
el país, así como en la Fiscalía General, Fiscalías Departamentales y fiscales de
materia, donde prime la igualdad de género, mejoramiento de remuneración y se cuente
con personal de experiencia, no es posible que personal experimentado sea reemplazado
constantemente, abunden personal sin experiencia, es un verdadero problema la
carencia prolongada o constante de personal, es necesario establecer un adecuado
programa de inducción, que la capacitación no sólo sea académica sino también práctica
que potencie las habilidades y destrezas de los auxiliares judiciales, que tengan
capacitación en atención al público, entre otras competencias.
