Ciro Añez Núñez.
La corrupción ha sido analizada desde
diferentes visiones y dentro de sus múltiples clasificaciones podríamos
mencionar a la corrupción política también denominada corrupción administrativa
o pública (son las cometidas por los servidores públicos, cualquiera sea su
rango o jerarquía) y a la corrupción privada (cometidas por y entre los
particulares).
Robert Klitgaard, definió la corrupción
en términos de una ecuación: “Corrupción
= Poder monopólico + Discreción – Rendición de cuentas” [1].
La organización Transparencia
Internacional[2] la define como el
abuso de poder encomendado para el beneficio propio.
En el ámbito legal la lucha contra la
corrupción fue pensada solo en beneficio y en protección del Estado y no existe
una definición específica de corrupción sino más bien es utilizada para agrupar
varios actos delictivos predominando la idea del soborno y el abuso del poder
encomendado; por ejemplo: las Convenciones Internacionales contra la Corrupción
enumeran un listado de conductas delictivas que afectan por lo general al
patrimonio estatal y un reflejo de ello es que en nuestro país, la Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz (art. 2) mantiene aquella definición de corrupción en la
noción del soborno y engloba cualquier acto u omisión que afecten los intereses
del Estado dentro de una gama de delitos que en ella se encuentra contemplada.
Llevamos muchos años de búsqueda sobre
las causas de la corrupción produciéndose un extravió al considerar como
motivos a la pobreza o a la política, puesto que no puede ser la pobreza dado
que en los países ricos también se dan casos de corrupción, por lo tanto, el
solo hecho de que exista corrupción en ellos desacredita tal criterio; tampoco
es la política porque no resulta ser de algún sistema político en particular,
aunque sí existen situaciones históricas coincidentes más proclives a la
corrupción relacionada con la concentración del poder absoluto; entonces la
corrupción tiene que ver más con lo intrínseco, es decir con la naturaleza
egoísta de la especie humana la cual engendra la angurria por conseguir más
dinero en corto tiempo y con el menor esfuerzo y costo posible.
De allí que el límite de la moral de las personas incide en la
conveniencia individual, el cual es propenso a adaptarse de acuerdo a su
entorno y a su realidad; bajo esa óptica Montero Soler y Torres López advierte
que el delincuente “en la medida en que
los beneficios de su acción supera los costos, el delito es cometido”[3].
Es cierto de que la corrupción corrompe
el sistema democrático, quebranta el Estado de Derecho, produce la
interferencia de roles y de poderes públicos, el sistema de administración de
justicia deja de ser auténtico para convertirse en un reflejo del poder y no un
límite al poder, se instaura el desorden, los contratos no se cumplen ni se
hacen cumplir, se usa los bienes públicos para uso particular, todo esto afecta
a la inversión y se convierte en un enemigo a largo plazo para el crecimiento
económico de los países;
La gente tiende por naturaleza carnal a buscar
su propio beneficio y en consecuencia busca lo más barato y evita lo más
oneroso. Esto es un proceso psicológico, lo cual ocasiona que existan personas
con débiles fundamentos éticos que determinan a qué precio deciden ser buenas o
malas personas.
Las leyes como la costumbre no son
gratuitas. Ronald Coase señala textualmente lo siguiente: “lo que se intercambia en el mercado no son (como suelen suponer los
economistas) entidades físicas, sino los derechos para realizar ciertas
acciones; y los derechos de los individuos son establecidos por el sistema
legal”[4].
Enrique Ghersi, sostiene que el costo
de la ley “no siempre se mide en moneda
(dinero) sino en la cantidad de tiempo y de información necesarios para
obedecerla. El costo de la ley es la oportunidad desaprovechada para cumplirla.
Es decir, todo aquello que dejo de hacer (trabajo, vida familiar, estudio,
relaciones sociales, deporte, etc.) a fin de satisfacer las exigencias
impuestas por una determinada regulación. Esta es una decisión basada en la
utilidad individual, en la cual el ciudadano se sirve de la ley como un medio
puesto a su disposición para tomar decisiones. Si la ley exige mucho tiempo, la
gente no la cumple. Si la ley exige demasiada información, la gente no la
cumple”[5].
Entonces, cuando el costo de la
legalidad excede a su beneficio, la ley se incumple de acuerdo a la escala
valorativa de las personas.
De allí que para algunas personas
inescrupulosas bajo un sistema institucionalizado de corrupción (esto es:
aquella sociedad donde los hábitos de ser corruptos se convierten en un estilo
de vida generalizado), lamentablemente la corrupción les resulta rentable
(logran enriquecerse ilícitamente), impune (a través del soborno evitan ser
sancionados) y favorable, pues consideran que gracias al potencial económico
que pudieran obtener producto de la corrupción se muestran de manera camuflada
ante la sociedad como personas “prósperas y exitosas” alcanzando un supuesto
prestigio basado únicamente en el dinero que ostentan.
Esto es lo que comúnmente ocurre con
los contrabandistas, narcotraficantes, etc.; por lo tanto, las personas que
conviven en una sociedad con estos dramas deberían preocuparse seriamente
cuando ellos mismos para resolver sus problemas valoran más al profesional
corrupto con vínculos o aquel que guarde alguna relación con los sectores de
poder en vez de acudir a profesionales con solvencia ética y altamente
instruidos.
Esta grave situación ocasiona que todo
se distorsione y por consecuencia los errores ya no existen o al menos ya no
son creíbles dado que la corrupción resulta siendo premeditada y deliberada en
búsqueda de romper la competitividad institucional de un orden anterior
establecido para imponer una nueva estructura acorde a ese estilo de vida. Como
resultado a todo esto es que aquella idea inicial de que la corrupción afecta
al crecimiento económico deja de ser cierta pues en este caso más bien ayuda a
dicho crecimiento fulgor de una sociedad totalmente contaminada.
Existe también otro extremo con similar
resultado y consiste en aquellas sociedades donde el costo de la ley es alto
con economías muy reguladas y con muchas barreras económicas a la libre
empresa, dando lugar a que la corrupción sea vista como un mecanismo eficiente
para conseguir los objetivos más productivos a corto plazo.
Por este motivo, el economista Xavier Sala-i-Martín[6] menciona que la
relación entre corrupción y crecimiento económico no está del todo claro ni en
la teoría ni en la práctica, pues si bien es cierto que en los países corruptos
la economía no funciona bien, como es el caso de África, pero hay otros
considerados muy corruptos (según los rankings internacionales del índice de percepción de corrupción) que en lo económico les va extraordinariamente
bien, citando dicho investigador el caso de China.
De este modo, también hay quienes ven a
la corrupción no en un nivel vinculado a causa y efecto, sino desde una
perspectiva médica como un tumor que puede ser maligno o benigno. Dicho tumor
puede estar claramente identificado o puede camuflarse en el sistema y si éste
es invasivo y afecta a muchas partes del sistema, entonces el problema es más
serio pues destruye la institucionalidad, complica la productividad, las leyes
benefician a unos pocos y se experimenta una fuga de inversión, entre otras
complicaciones más. Entonces, la lucha contra la corrupción debe estar
destinada a que ésta sea identificada, que no sea maligna, pueda ser contralada
y no sea invasiva.
La pregunta es ¿cómo se la puede controlar?; según Sala-i-Martín[7] existen dos grupos de
teorías de la corrupción: 1) Que en aquellas sociedades donde existe un mayor
incentivo a ser corruptos (Ej.: concurren más reglas que puedes ser saltadas o
incumplidas a cambio de dinero, donde los beneficios de ser corrupto es más
prominente y los costos de ser corrupto son bajos), el remedio es elevar los
costes de la corrupción mediante persecuciones penales, agravación de penas,
etc.; y, 2) la otra percepción es que la
corrupción es cultural y por ende los niveles de corrupción difieren entre países,
lo cual es más complejo y muchas veces se cae únicamente en el pesimismo y la
fatalidad.
El primero de los criterios ha quedado
demostrado que históricamente no funciona porque a pesar de aplicarse las
medidas sugeridas la corrupción continúa existiendo. No solo en Bolivia sino en
los demás países del mundo por muchos años se viene enfrentando a la corrupción mediante
dos frentes comunes y bien definidos, a saber: 1) arremetiendo contra los actos
de corrupción mediante leyes drásticas y mecanismos de persecución a través de
autoridades competentes y 2) potenciando las instituciones públicas lo cual
genera mayor burocracia; sin embargo, el resultado ha sido siempre el mismo: la
corrupción no pierde vigencia.
Adviértase de que una de las
definiciones de “burocracia” por la Real Academia Española consiste en “la
administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades
superfluas”, en cuyo escenario existe mayores probabilidades de que surja la
corrupción, pues para un mejor entendimiento diremos que en sentido figurado la
burocracia es capaz de superar a los alquimistas pues sin necesidad de
transformar el plomo o el hierro en oro (entiéndase como un bien evaluable en
dinero), resulta que algunos servidores públicos “de la nada” son capaces de
trasmutar un problema (donde nunca debió existir) para luego vender la solución
la cual es traducida en dinero (que vendría a ser de forma figurativa aquel oro
buscado como uno de los objetivos por parte de los alquimistas), llegándose a
camuflar como si se tratase de un servicio más que brinda a favor del
administrado, quien al final se ve obligado a pagar lo que pide el funcionario
corrupto con tal de llegar a concretar sus proyectos que hasta antes de ese
momento se encontraban irresolutos, al extremo que es lamentable ver en
aquellas sociedades donde la corrupción se encuentra institucionalizada, que
cualquier proyecto de inversión pública o privada para que sea viable ya se
contempla dentro del presupuesto (como si fuese algo normal) un ítem o porcentaje destinado
para corrupción.
Desde esta visión resulta absurdo
pretender reducir la corrupción administrativa con más controles estatales
(creando y potenciando más burocracia con nuevos ministerios, direcciones
públicas de anticorrupción, nuevas formas de administración pública que
involucre nuevos y más cargos, etc.), pues como menciona Juan Ramón Rallo: “el problema es que a más burócratas es
posible más entidades corruptibles”[8]; una muestra de ello
en nuestro medio es el caso Ostreicher,
En palabras de Axel Kaiser[9] afirma que quienes defienden el libre mercado saben que el peor de los mundos es la fusión de intereses económicos y políticos, cuando ello ocurre, el Estado ya no es capaz de cumplir el subsidiario rol de garante de la competencia que le corresponde. El mercado entonces ya no puede funcionar normalmente, lo que deriva en la obstaculización del progreso transversal, asegurando bienestar y privilegios esencialmente a esos pocos que integran directa o indirectamente las cúpulas de poder político y económico.
En palabras de Axel Kaiser[9] afirma que quienes defienden el libre mercado saben que el peor de los mundos es la fusión de intereses económicos y políticos, cuando ello ocurre, el Estado ya no es capaz de cumplir el subsidiario rol de garante de la competencia que le corresponde. El mercado entonces ya no puede funcionar normalmente, lo que deriva en la obstaculización del progreso transversal, asegurando bienestar y privilegios esencialmente a esos pocos que integran directa o indirectamente las cúpulas de poder político y económico.
Esta captura del aparato estatal, dice Kaiser, tiene la siniestra
ventaja de engañar al público, pues sólo en apariencia el Estado controla y
fiscaliza a esos grupos de interés, cuando en realidad lo que hace es trabajar
para ellos procurándoles, a través de regulaciones e impuestos que se aprueban
en nombre del bien común y de la protección de los más débiles, una posición de
ventaja irremontable frente al resto de la sociedad. La moneda de cambio son
enormes sumas de dinero destinadas a campañas políticas de todos los partidos
políticos, puertas giratorias entre los gobiernos y los grandes sindicatos,
empresas, masa electoral cautiva y condescendiente con la voracidad tributaria
que permite a políticos y burócratas darse una vida de cuasi nobleza financiada
por la clase media y los más pobres[10].
De esta manera, Kaiser en el contexto
internacional define que la crisis financiera del año 2008 no es sólo un
fenómeno de carácter económico sino también moral cuya esencia del problema
considera que radica en el tamaño y activismo del Estado.
Desde este enfoque la corrupción
administrativa tiene un enorme poder para intervenir sobre la economía; por lo
tanto, el camino de solución no gravita en añadir más controles estatales sino
reducir y limitar las competencias del poder político.
Ludwing vo Mises hace décadas sentenció que “el intervencionismo engendra siempre corrupción” sosteniendo que “la
actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos se
enriquezcan a costa de otros grupos o agrupaciones”[11]
Andrés Benavente[12], señala que para luchar contra la corrupción es necesario: a) el fortalecimiento del individuo y de la sociedad civil; y, b) la contención del poder, evitando el surgimiento de la Cleptocracia.
Andrés Benavente[12], señala que para luchar contra la corrupción es necesario: a) el fortalecimiento del individuo y de la sociedad civil; y, b) la contención del poder, evitando el surgimiento de la Cleptocracia.
Por lo tanto, no es por ley, decreto o sentencias que se acabará la
corrupción o que una sociedad cambiará, pues el costo de la legalidad es
inversamente proporcional al ingreso de la población y por consecuencia cuando
en una sociedad existen muchas leyes en realidad los más afectados resultan
siendo los pobres. A esto se lo conoce como “discriminación legal” pues todo
incremento en la cantidad de normas de una sociedad acaba siendo
discriminatorio.
Ghersi advierte que “el alto costo de la legalidad responde a condicionamientos políticos y es un reflejo de cómo se utiliza el poder legislativo en un Estado. Cuando el poder carece de limitaciones es previsible encontrar un alto costo de la legalidad (el costo de la ley es un mero reflejo del poder)”[13]; y, asimismo, señala que por un problema de satisfacciones alternativas y de costo de oportunidad, a los ricos la ley les es más barata que a los pobres, porque los ricos tienen que sacrificar menos de su ingreso personal para cumplir con la ley mientras que los pobres tienen que sacrificar más cosa significativas, es decir: más tiempo y más información (ambos elementos son excesivamente costoso en todo el mercado).
Ghersi advierte que “el alto costo de la legalidad responde a condicionamientos políticos y es un reflejo de cómo se utiliza el poder legislativo en un Estado. Cuando el poder carece de limitaciones es previsible encontrar un alto costo de la legalidad (el costo de la ley es un mero reflejo del poder)”[13]; y, asimismo, señala que por un problema de satisfacciones alternativas y de costo de oportunidad, a los ricos la ley les es más barata que a los pobres, porque los ricos tienen que sacrificar menos de su ingreso personal para cumplir con la ley mientras que los pobres tienen que sacrificar más cosa significativas, es decir: más tiempo y más información (ambos elementos son excesivamente costoso en todo el mercado).
A manera de conclusión, considero que
para aminorar y controlar de mejor manera a la corrupción tanto administrativa
como privada, es menester agregar nuevas y más efectivas acciones de combate de
largo plazo y de mayor alcance, las cuales pasan a su vez por entender cuatro
(4) situaciones:
a) Que es necesario reducir el costo de
la legalidad; por ejemplo: bajar de modo ínfimo el costo de todos los impuestos dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. Ej.: el
valor del IVA cuya tasa efectiva (para calcular el impuesto al precio neto) es aproximadamente del 15% bajar al 5%. De
esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser
eliminado el régimen simplificado;
b) Que en una economía de mercado el costo de la legalidad es más bajo
que una economía intervenida, recordando la ecuación de Alejandro Chafuen: “a mayor libertad económica menor corrupción”[14];
c) De manera individual ser cada vez menos
egoístas cultivando desde el hogar los buenos hábitos basados en principios y valores éticos
morales (la enseñanza debe empezar con el ejemplo de los padres, progenitores, tutores, etc.), esto es, invertir en el capital humano como estrategia imprescindible
si se pretende implementar cambios verdaderamente profundos y duraderos.
d) Permitir que la sociedad
civil establezca asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con
financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) y que
dichas fundaciones o asociaciones tengan accesibilidad efectiva y libertad de
control social a todos los servidores públicos de todas las reparticiones
estatales (subalternas, jerárquicas y de control interno, autoridades de
fiscalización, etc.).
Es de suma importancia que la sociedad civil, como expongo en mi libro “Los Delitos de Corrupción”, pueda establecer asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción donde se le permita verdaderamente trabajar y sea ésta respetada, pues resulta ingenua la idea de que la corrupción administrativa que emerge de la burocracia pretenda ser controlada por sí misma con más burocracia.
Es de suma importancia que la sociedad civil, como expongo en mi libro “Los Delitos de Corrupción”, pueda establecer asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción donde se le permita verdaderamente trabajar y sea ésta respetada, pues resulta ingenua la idea de que la corrupción administrativa que emerge de la burocracia pretenda ser controlada por sí misma con más burocracia.
China ha creado una Comisión Independiente Anticorrupción
a manera de brigadas de control, de prevención y de instrucción destinados para
los menores de edad hasta los adultos mayores en pro de la no corrupción, con el propósito
de que se entienda de que las arcas públicas no son dinero de los burócratas y
que se debe castigar a la corrupción (no se la debe tolerar).
Si bien es cierto que China todavía se
encuentra en los listados de rankings de corrupción, sin embargo tampoco es
menos cierto que se va alejando de los primeros puestos en comparación con años
anteriores.
Esta es una enseñanza individual de
dejar la fatalidad, transformándose en seres proactivos y hacer todos los
esfuerzos posibles que motiven un cambio cultural (Hong Kong hace cuarenta años
era mucho más corrupto que ahora y eso debería ser visto y entendido por
América Latina); y,
e) Permitir auditorías
especializadas forenses externas por parte de las Fundaciones y Asociaciones
Civiles antes mencionadas en los sectores de control de determinadas entidades
públicas, por ejemplo, en la Aduana Nacional (auditoría a los procesos). Debiendo dichas auditorías emitir
conclusiones, recomendaciones y sugerencias. Dichas Fundaciones y Asociaciones
harían el seguimiento respectivo de la implementación de dichas sugerencias y
recomendaciones, exigiendo su cumplimiento por parte de los servidores
públicos.
f) Que las personas entiendan que el costo de acceso a la justicia no es mediante slogans sobre principio de gratuidad en los procesos judiciales sino que tiene que ver con el verdadero costo que la burocracia representa y por ende apuesten también por la administración de sus problemas mediante la mediación, conciliación o arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos y no así recurrir a los linchamientos como síntoma de degradación humana y desesperación por el deficiente servicio del sistema de administración de justicia.
[1] Klitgaard, Robert.
Controlling Corruption, Berkeley:
University of California Press, 1988.
[2] http://www.transparency.org/
[3] MONTERO, Alberto y TORRES, Juan. La Economía del delito y de las penas,
Ed. Comares, Granada, 1998, p. 20.
[4] COASE, Ronald H. La empresa, el mercado y la ley, Alianza Económica, Madrid, 1994,
p. 213.
[5] GHERSI, Enrique. Economía de la Corrupción, CEDICE,
http://www.hacer.org/pdf/ghersi3.pdf
[6] http://www.youtube.com/watch?v=tS38pjolK44
[7] http://salaimartin.com/randomthoughts/video-blog-e-konomia/item/655-¿por-qué-hay-países-más
corruptos-que-otros
[8] https://twitter.com/juanrallo/status/292691876975370241
[9]
KAISER, Axel. La miseria del intervencionismo, Aguilar Chilena Ediciones S.A.,
Chile, 2011, p. 29.
[10] Ob. Cit, p. 30.
[11] MISES, Ludwing von. La acción humana, Unión Editorial,
Madrid, 1980, p. 1063 (3ra. Edición revisada).
[12] BENAVENTE, Andrés. Corrupción: el caso de América Latina,
Revista Enfoques, num. 1, Universidad Central de Chile, Santiago, 2003, p. 155.
[13] GHERSI, E. Economía de la Corrupción.., p.19.
[14]
CHAFUEN, Alejandro. Economía y
Corrupción, en “Los desafíos a la sociedad abierta”, p. 112. Fundación
Libertad, Ameghino, Rosario, 1999.
