Ciro Añez Núñez
Los países
democráticos adoptan leyes que prohíben o imponen severas restricciones al
empleo y el trabajo de los niños, especialmente impulsados y guiados por las
normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin
embargo, pese a dichos esfuerzos, el trabajo infantil continúa existiendo de
forma masiva y en ocasiones tiene lugar en condiciones deplorables.
Uno de los
principales ideales es la eliminación total del trabajo infantil como objetivo
último de las políticas y que establezca las consiguientes medidas para
lograrlo, y en la que se determinen y prohíban de manera explícita las peores
formas de trabajo infantil que se han de eliminar como prioridad.
La OIT después
de haber realizado estudios en esta materia, llegó a la conclusión de que
era necesario mejorar los Convenios sobre trabajo infantil existentes. El
Convenio núm. 182 contribuyó a que exista un interés internacional sobre la
urgencia en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, sin que
esto implique perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición
efectiva de todo el trabajo infantil.
La OIT recomienda
que la edad mínima de admisión al empleo no debiera ser inferior a la edad de
finalización de la escolarización obligatoria, que por lo general, es a los 15
años de edad. En lo concerniente a realizar actividades laborales ligeras de
manera excepcional, la OIT menciona que los muchachos entre 13 a 15 años de
edad podrán realizar dichos trabajos ligeros, siempre y cuando esto no ponga en
peligro su salud, seguridad ni obstaculice su educación, su orientación
vocacional ni su formación profesional.
Bolivia,
recientemente ha promulgado el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente (Ley N°
548 de 17 de julio de 2014), donde entre sus novedades se encuentra la edad
laboral a partir de los 14 años, el cual necesariamente debiera tener el
enfoque de aplicabilidad antes mencionado, no debiendo ser permisible que a esa
edad los muchachos se dediquen al trabajo en las minas, las canteras, etc., por
cuanto esto representa explotación infantil que podrían afectar su salud y su
seguridad además que implica echar por los suelos el consenso internacional
sobre Derechos Humanos y las recomendaciones de la OIT.
En lo concerniente
a la edad punible, habrá que ver la justificación de motivos de dicha ley en la
determinación de dicha edad. Existen varias tesis que toman en cuenta el
alarmante crecimiento de la delincuencia juvenil a través de las asociaciones
delictuosas denominadas pandillas, donde sus integrantes oscilan desde los 12 o
14 años de edad en adelante, escudándose estos últimos en su minoría de edad
para conseguir la impunidad de sus actos.
En ese sentido,
considero que es atinado que la edad punible sea a los 14 años de edad; sin
embargo, amerita dejar en claro que no se extirpará el problema de la
delincuencia juvenil únicamente llenando las cárceles o los centros especiales
de rehabilitación para muchachos de dicha edad. El problema neurálgico en
realidad se encuentra en el rol de los padres de familia (madre y padre); por lo
tanto, sin su compromiso, participación y responsabilidad, el conflicto de las
pandillas continuará siendo un monstruo en desarrollo.
El respeto tanto al
principio de autoridad como a los derechos humanos empieza desde el hogar y es
allí cuando el precepto debe ir acompañado y enseñado con el ejemplo. Del mismo
modo, las autoridades y demás servidores públicos, deben demostrar que no es
cuestión de promulgar leyes sino de enseñar su cumplimiento a través del
ejemplo, esto es, debieran ser sancionados por la vía disciplinaria y de forma
ejemplarizadora a todos aquellos legisladores golpeadores de mujeres,
funcionarios que maltratan a sus hijos, a sus empleados, etc.
En el asunto de la
rehabilitación en los centros especiales para jóvenes es de suma importancia de
que existan terapias ocupacionales para los muchachos de 14 años de edad (en
adelante) a cargo del Estado (gobernaciones); por ejemplo,
limpieza a los canales de drenaje, calles, áreas verdes, etc., sumado a ello,
impartir orientaciones ocupacionales además de programas prácticos de reflexión
donde dichos jóvenes entiendan las serias consecuencias de la delincuencia en
la vida de las personas y su entorno, en su modo de vivir, donde puedan tener
una experiencia de lo que representa esa forma destructiva de vida. En otras
palabras, que los jóvenes puedan tener la oportunidad de conocer
otro enfoque de existencia que no estén basados en el resentimiento, odio, etc.
Es oportuno romper esa cadena perniciosa.
Si vemos que los centros
de rehabilitación tanto de jóvenes como de adultos administrado por el Estado
han fracasados, muestra de ello, fue la masacre en el interior de la cárcel de
Palmasola, nos debiera llamar la atención sobre la forma de administración que
que ésta se encuentra establecida; por ende, urge un cambio de visión mediante
una estrategia de búsqueda de personas productivas y que a su vez conlleve a
restricciones a las redes de corrupción que pudieran existir basados en la
cooptación y el ejercicio del control por parte de los reos en el interior del
penal.
En algunos países,
poseen un sistema mixto de administración por niveles, para casos menos
complejos se ha optado por privatizar la administración de centros de
rehabilitación, es decir encontrándose la administración en manos de entidades
privadas especializadas con responsabilidad y en aquellos casos más complejos
es el ente estatal quien interviene pero con controles, pesos y contrapesos
para los servidores públicos a cargo además de la existencia de una responsabilidad
efectiva.
En otras palabras,
amerita repensar la estructura policial para evitar situaciones extremas.
Entiéndase que la policía es un servicio civil por ende no debe tener un modelo
de policía militarizada de ocupación territorial donde no se permita alguna
organización ni de control por debajo de los jerárquicos.
Por otro lado, es
de destacar que el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente establece un sistema
rápido de adopción de niños y niñas, lo cual es atinado incluso entre otros
aspectos para evitar los abortos. Sin embargo, es de cuestionar que éste Código
se dedique a tipificar nuevas conductas punibles siendo que esa labor
legislativa debiera realizarse directamente mediante la modificación del Código
Penal.
Al margen de estar
de acuerdo con la pena por el delito de infanticidio, lo que se debe entender
es que si seguimos con el mal hábito de que en cada ley que se promulgue ésta
invada otras materias resulta que finalmente acabaremos con una grave y
generalizada incertidumbre jurídica originada por la dispersión de las normas, lo
cual denota que aún persistimos en la falsa creencia de que todo se resuelve
con leyes penales. No es cuestión de reprimir o imponer penas desproporcionadas sin que
respondan a criterios basados en la documentación, estadística, investigación,
análisis y el sentido común; y, no simplemente motivados por las circunstancias
del momento.
Es necesario un
cambio de mentalidad, sacar ese viejo chip inquisitivo y llegar a comprender de que no es a través del Código Penal o mediante la multiplicación de
tipificaciones que vamos a modificar sustancialmente la frecuencia delictiva.
Con el simple hecho de ser reaccionarios proponiendo “por todo y por nada”
respuestas “punitivistas" no experimentaremos cambios significativos en
las vidas de las personas, muestra de ello, es que nunca han dado resultado; por
lo tanto, la dosimetría en aplicación de las penas es una tarea importante para
tomarla en cuenta.
