Ciro Añez Núñez.
Las noticias informan que la
Aduana Nacional de Bolivia (ANB) se encuentra realizando esfuerzos para
combatir la corrupción aduanera, entre ellos están la capacitación sobre mecanismos
y herramientas para la presentación de denuncias vinculadas con corrupción por
servidores públicos de la ANB.
La denuncia es una conducta
reactiva al ser un mecanismo que conlleva a una investigación para dar con los
autores del delito. En otras palabras, la denuncia es un acto que se origina
como consecuencia de un hecho delictivo, por ende, no constituye una solución
al problema.
Entiéndase que mientras el
contrabando se encuentre en auge habrá funcionarios aduaneros corruptos y/o
corruptibles; por lo tanto, además de aquel incentivo a denunciar amerita
atacar el problema de raíz (esto es, atacar al contrabando).
De allí que podemos advertir
que no es por ley, decreto o sentencias que se acabará la corrupción o que una
sociedad cambiará de la noche a la mañana, pues desde una perspectiva económica
resulta que el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de
la población y por consecuencia cuando en una sociedad existen muchas leyes en
realidad los más afectados resultan siendo los pobres. A esto se lo conoce como
“discriminación legal” pues todo incremento en la cantidad de normas de una
sociedad acaba siendo discriminatorio.
El alto costo de la
legalidad responde a condicionamientos políticos y es un reflejo de cómo se utiliza
el poder legislativo en un Estado. Cuando el poder carece de limitaciones es
previsible encontrar un alto costo de la legalidad (el costo de la ley es un mero reflejo del poder).
Entonces por un problema de
satisfacciones alternativas y de costo de oportunidad, a los ricos la ley les
es más barata que a los pobres, porque los ricos tienen que sacrificar menos de
su ingreso personal para cumplir con la ley mientras que los pobres tienen que
sacrificar más cosa significativas, es decir: más tiempo y más información
(ambos elementos son excesivamente costoso en todo el mercado).
Entiéndase que el
contrabando es un ilícito “tributario” aduanero, muestra de ello, es que
se encuentra previsto en el Código Tributario. De esta manera, dado que en
Bolivia el nivel impositivo es y se mantiene alto (significa que el costo de
legalidad es alto), resulta que muchas personas por un costo de oportunidad,
incursionan al contrabando porque consideran a ésta como rentable, favorable e
incluso en algunos casos hasta impune (existen localidades o pueblos en Bolivia
dedicadas al contrabando, donde la policía, ni el COA ni los fiscales pueden
ingresar).
Debemos entender que muchas
personas se dedican a la informalidad no necesariamente por necesidad sino
porque ponen a la balanza el costo de ser formal y el de no serlo y por ende,
se mueven por el costo de oportunidad.
En este sentido, la mejor
lucha contra la corrupción aduanera no es siendo exclusivamente reactivos
(reaccionando con denuncias) sino atacando al contrabando y para ello, algunas
sugerencias son:
1.-
Reducir el costo de la legalidad, por ejemplo: bajar el costo de los
impuestos dado que es
evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha
proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia
en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. Ej.: el
valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5%. De
esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser
eliminado el régimen simplificado, además que se le brinda la oportunidad al
informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal
(contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a
ella, podría acceder a una serie de beneficios como: acceso a créditos,
expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.;
por lo tanto, podría cambiar de bando por el costo de
oportunidad que ella le ofrece. En otras palabras, el Estado debería ofrecer
suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más
formales y menos informales en el país.
2.- Entender que la lucha contra la corrupción administrativa no será
eficaz creando más burocracia.
La corrupción administrativa o pública
(Ej.- Corrupción en Aduana), la cual emerge de la burocracia no se reducirá
generando, alimentando y potenciando más
burocracia (con nuevas direcciones públicas, unidades de lucha contra la
corrupción, nuevas formas de administración pública que involucre nuevos y más
cargos, etc.).
3.- Permitir que la sociedad civil establezca asociaciones o fundaciones
de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al
poder político o partidario) y que dichas fundaciones o asociaciones tengan
accesibilidad efectiva y libertad de control social a todos los servidores
públicos de todas las reparticiones estatales (subalternas, jerárquicas y de
control interno, autoridades de fiscalización, etc.).
Que la sociedad civil, como expongo en
mi libro “Los Delitos de Corrupción”, pueda establecer asociaciones o
fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e
independiente al poder político o partidario) donde se le permita verdaderamente
trabajar y sea ésta respetada, pues resulta ingenua la idea de que la
corrupción administrativa que emerge de la burocracia pretenda ser controlada
por sí misma con más burocracia.
China ha creado una Comisión
Independiente Anticorrupción a manera de brigadas de control, de prevención y
de instrucción destinados para los menores de edad hasta los adultos mayores en
pro de la no corrupción, con el propósito de que se entienda de que las arcas
públicas no son dinero de los burócratas y que se debe castigar a la corrupción
(no se la debe tolerar).
Si bien es cierto que China todavía se
encuentra en los listados de rankings de corrupción, sin embargo tampoco es
menos cierto que se va alejando de los primeros puestos en comparación con años
anteriores.
Esta es una enseñanza individual de
dejar la fatalidad, transformándose en seres proactivos y hacer todos los
esfuerzos posibles que motiven un cambio cultural (Hong Kong hace cuarenta años
era mucho más corrupto que ahora y eso debería ser visto y entendido por
América Latina).
4.- Permitir auditorías especializadas forenses externas por parte de
las Fundaciones y Asociaciones Civiles antes mencionadas en los sectores de
control de determinadas entidades públicas, por ejemplo, en la Aduana Nacional
(auditoría a los procesos). Debiendo dichas auditorías emitir conclusiones,
recomendaciones y sugerencias. Dichas Fundaciones y Asociaciones harían el
seguimiento respectivo de la implementación de dichas sugerencias y
recomendaciones.
5.- De manera individual ser cada vez menos egoístas cultivando
desde el hogar los buenos hábitos basados en principios y valores éticos
morales (la enseñanza debe empezar con el ejemplo de los padres,
progenitores, tutores, etc.), esto es, invertir en el capital humano como
estrategia imprescindible si se pretende implementar cambios verdaderamente
profundos y duraderos. Para ello se debe fortalecer el ámbito educativo con
educación de excelencia, no mediocre.
6.- Que las personas entiendan que el costo de acceso a la justicia no es
mediante slogans sobre principio de gratuidad en los procesos judiciales sino
que tiene que ver con el verdadero costo que la burocracia representa y por
ende apuesten también por la administración de sus problemas mediante la mediación,
conciliación o arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos
y no así recurrir a los linchamientos como síntoma de degradación humana y
desesperación por el deficiente servicio del sistema de administración de
justicia.
