No incentivemos la incultura del no pago.

Ciro Añez Núñez

La palabra cultura posee muchos significados interrelacionados, consistente en el conjunto de saberes, creencias y pautas de buena conducta de un grupo social, entre ellos se encuentra la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, conocida también como alta cultura. La falta de cultura se relaciona con la ausencia de conocimiento y a ella, se la denomina la incultura.

Lo peor que le puede pasar a la economía boliviana es que después de la crisis generada por el Covid-19 se instale la incultura del no pago.

La economía boliviana se articula bajo determinados principios, previstos en la Constitución (art. 306-III CPE), entre ellos, el de “seguridad jurídica”, equilibrio, transparencia, sustentabilidad, entre otros más.

Asimismo, el art. 311-II num. 5) de la Constitución, establece el respeto que debe primar a la iniciativa empresarial y a la seguridad jurídica.

Con todo ello, adviértase que los contratos privados tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley (art. 519 del Código Civil).

El sistema financiero es competencia potestativa del nivel central del Estado (art. 298 de la Constitución), es decir, se encuentran reservadas al Estado central, tanto la legislación, reglamentación como la ejecución de la misma.

La ley 393 (Ley del sistema financiero) ratifica que las actividades y servicios financieros son de interés público; y, únicamente pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas.

El Estado debe resguardar la continuidad de los servicios financieros y la estabilidad del sistema financiero. Se debe evitar una crisis de liquidez pues si existe bancos descapitalizados genera quiebra del sistema financiero.

Todo lo relacionado a la liquidez y al encaje legal está previsto en el art. 426 en delante de la Ley Nº 393, y todo plan de contingencia no implica desconocimiento de deuda ni no pago de intereses y capital.

Las medidas legales por emergencia sanitaria establecieron el diferimiento de créditos sin distinción; y, a ello, ahora se desea ampliar un periodo de gracia a seis (6) meses, lo cual implica una indulgencia en ese periodo de tiempo suponiendo que para entonces el sector afectado obtenga ingresos y empiece a pagar el capital y el interés, pero en ningún momento el no pago de la deuda ni la condonación de intereses y capital.

Cabe mencionar que el asunto de los créditos del sector transporte con la banca son contratos entre privados. El servicio podrá ser de interés público, pero la naturaleza de los contratos es de privados, esto es, entre partes contratantes. Y como ya hemos indicado, los contratos privados tienen fuerza de ley entre las partes. Romper ese criterio de forma totalmente arbitraria sin la participación de ambas partes, constituye una gravísima afrenta pues vulnera el principio de legalidad, la seguridad jurídica, etc., atentando al Estado Constitucional de Derecho.

Toda negociación que pretenda hacer un gobierno sobre estos temas, debe hacerlo con la participación de todas las partes involucradas, no solo con un sector del transporte, siendo que dicho sector es amplio y aglutina a muchos, llegándose a olvidar del resto, y en especial de ASOBAN, haciendo trizas la teoría de los contratos y en consecuencia generando mayor incertidumbre e inseguridad jurídica en el país.

El Estado central es quien más debiera alentar la cultura del pago y no así desnaturalizarla, destruirla ni evadirla arbitrariamente.

Es más, un simple decreto supremo o un acuerdo ministerial no puede resolver este asunto. Aquí están en juego, por un lado, la economía nacional y por el otro, el sistema financiero nacional.

En el peor escenario, que se desee ir por una condonación crediticia es mediante ley, y es en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se debe debatir si realmente desean afectar a la economía nacional y hacer caer al sistema financiero nacional, pues para cualquier condonación debe existir un soporte del Estado, y esto, no es otra cosa, que afectarnos a todos los bolivianos, ya no así a dos determinados sectores.  

Ya es hora que dejemos de lado aquellas políticas keynesianas, de apostar en todo momento por el endeudamiento (adquiriendo deudas inmorales, cuyas decisiones implican deuda externa monstruosa, sacrificando y embargando a futuras generaciones), ni trasladar todo el ajuste al sector privado para que sea éste el único quien pague todos los platos rotos y soporte todos los gastos, obligándolo a más cargas tributarias, sociales, dobles aguinaldos, aumento salarial, prestaciones sanitarias, etc., matando de esta manera el sector productivo del país. 

Tampoco es emitiendo más monedas o billetes que sólo nos conduce a mayor inflación; y, menos aún, oprimiendo al contribuyente (al formal), al considerar a los impuestos como principal fuente de financiación, convirtiendo al país en un eterno infierno fiscal.

Por todo lo expuesto, es menester achicar el Estado, ya no más agigantamiento estatal ni Estados niñeras, que provoca a la sociedad a vivir de crisis en crisis, destruyendo el tejido productivo del país. 

Ya no más gente esperanzada a que se creen más cargos públicos, más planchas de grupos políticos con una serie de carteras para generar más pegas (más chamba), clientelismo, mercantilismo de Estado y más corrupción. 

Es una lástima quienes consideran al Estado como si se tratase de una vaca gorda a la cual hay que exprimirla (ordeñarla lo más que se pueda); y, bajo esa perniciosa lógica es lamentable ver que casi todos, de una u otra manera, desean estar permanentemente prendidos de las tetas del Estado.

Es hora de una verdadera reforma tributaria, encaminada hacia la eliminación de las exoneraciones tributarias, ampliación de la base tributaria bajando significativamente las tasas impositivas, luchando eficazmente contra la evasión y simplificando sustancialmente los trámites administrativos no únicamente para el pago de impuestos sino promoviendo tal situación para todo el aparataje estatal, implementación del seguro de desempleo (art. 45-III CPE), aislamiento “asistido” para los grupos más vulnerables, junto al trabajo escalonado de los demás sectores y por tiempo determinado con altas exigencias de bioseguridad, prohibición de aglomeraciones, entre otras medidas.