Ciro Añez Núñez.
En el mes de
febrero del año 2023, participé en el Primer Seminario Internacional sobre
la defensa de un medio ambiente sano, organizado por el Comité de Relaciones
Económicas e Internacionales de la Cámara de Senadores de Bolivia y la
organización Latín Iuris Bolivia. Dicha participación fue conjunta con
destacados profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú. En
dicho evento, expuse mi ponencia titulada: "la
necesidad de tipificar el ecocidio en Bolivia”.
Las palabras ecocidio
y genocidio guardan una íntima relación. El jurista polaco Raphael Lemkin, fue
quien acuñó el neologismo “Genocidio” durante la década de los 40, su raíz “Genos”
viene del griego y quiere decir tribu y “Cidio” es un sufijo del latín (caedo)
que significa “destrucción”.
El biólogo Arthur
W. Galston, por su parte, fue quien inventó el término “Ecocidio” cuyos
estudios tenían como objeto el análisis de la consecuencia del agente naranja (herbicida y defoliante químico tóxico
utilizado entre 1962 y 1971 durante la guerra de Vietnam), dando a conocer
que el mismo generó la destrucción completa de plantas, animales y ecosistemas,
pero también graves secuelas para la salud humana con la aparición de cáncer y
malformaciones en aquellas poblaciones que fueron rociadas por el letal
herbicida.
Ecocidio es una
palabra greco latina, viene de “Eco”, de “Oikos” que quiere decir “hogar” en
griego y “cidio” que significa destrucción en latín. Desde entonces, el término
se ha incorporado en el léxico popular: “matar o destruir el propio hogar”.
Se empezó a tener
consciencia de este tipo de criminalidad cuando los delitos medioambientales se
convirtieron en riesgos globales como la destrucción masiva de especies de
fauna protegidas, la destrucción de recursos naturales, por ejemplo, de la
madera, o la contaminación generalizada y permanente de espacios naturales
provocada por diversas actividades industriales.
Se dice también, que en algunos países, cuyos gobiernos al tener serios problemas económicos
(como ser de déficit fiscal), resulta
que de forma camuflada o enmascarada y en complicidad con empresarios
prebendarios e incluso con fines de consolidar asentamientos ilegales, que luego beneficien a sectores afines a los gobiernos de turno (por motivos de campaña electorales), permiten periódica e impunemente
quemas, roza, tumbe, deforestación y depredación de bosques de manera continua (bajo el criterio inmediatista de que es la
forma más rápida y económica de preparar el suelo, desinteresándose de la
pérdida de fertilidad y de las funciones ecosistémicas del suelo. No desean
efectuar procesos como la milpa, la rotación de cultivos, mulching, asociación
de cultivos, control de plagas, uso de abonos orgánicos o naturales, cambios en
los hábitos alimenticios, tener más áreas protegidas, entre otros), pues lo único
que buscan es redoblar el ingreso de divisas del agro con mayor superficie
sembrada sin importarles siquiera, los malestares, las enfermedades y todas las
afectaciones a la salud que provocan a su población, durante dichos periodos de
quema, generando mala calidad de vida, con un ambiente contaminado, pérdida de
biodiversidad y severos daños a los ecosistemas.
La Organización de
las Naciones Unidas señala que la expansión agrícola impulsa más del 50% de la
deforestación global, siendo ella un problema global, donde la principal
pérdida de bosques (intensa deforestación mundial) es por la expansión de
tierras de cultivo; por ejemplo, África está perdiendo más de cuatro millones
de hectáreas de bosque cada año (según un
comunicado del Programa Mundial de Medio Ambiente -PMA-). Por otro lado, la
soja y la palma hacen parte de los principales comodities causantes de esta tendencia.
Indonesia y Malasia son foco de deforestación por cultivo de palma, mientras
que Brasil y Argentina pierden bosques a causa del cultivo de soja, lo cual,
tiene repercusiones tanto en la biodiversidad como en las funciones vitales que
desempeñan los bosques para la subsistencia y bienestar humano, teniendo el
desmonte de bosque un impacto directo, generando más emisiones de CO2 a la
atmosfera.
A nivel
internacional, el aumento de los delitos contra el medio ambiente es
impresionante y se estima que genera entre 30.000 y 70.000 millones de dólares
cada año, lo que lo convierte en la cuarta actividad ilícita internacional más
rentable, por detrás del tráfico de drogas, la piratería de productos y la
trata de personas sumado al grave daño de la salud por la contaminación y daño
sustancial del aire, el suelo, las aguas, los animales, las plantas o sus
funciones ecológicas. Es así que, incluso ya se está preparando un borrador
para la inclusión del delito “ecocidio” en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional.
En muchos casos, además
del comercio ilegal de animales (que
presenta un riesgo para las poblaciones humanas de contraer enfermedades tan
graves como el SARS, la gripe aviar, el virus del Ébola, etc.), la
violación de la legislación ambiental está motivada por la búsqueda del mínimo
coste. Por ejemplo, aprovechando un efecto de dumping ambiental, puede ser
hasta diez veces más barato exportar ilegalmente residuos tóxicos que
reciclarlos en los países donde se producen. Incluso en este tema, se plantea
problemas de seguridad, dado que Naciones Unidas e Interpol informan de que el
dinero procedente de los delitos contra el medio ambiente puede utilizarse para
financiar grupos rebeldes o movimientos narco terroristas, donde deforestan y ocasionan
incendios forestales dado que queman pastizales para sembrar la materia prima
de la cocaína.
Recientemente (Octubre, 2023), en
cinco (5) ciudades de Bolivia, estuvimos soportando una verdadera tragedia
ambiental por quemas, chaqueos o incendios forestales y la más afectada fue
Santa Cruz, pues por semanas respiramos humo; y, como país, debido a esta
nefasta práctica vigente, estamos entre las principales del mundo en la
producción de CO2 per cápita, alto nivel de toxicidad dañando cada vez más nuestra
salud. Nos estamos enfermando todos. Se habla hipócritamente de «calidad» de
vida en base a tener cosas (codicia crónica) sin valorar siquiera la misma vida
tanto la propia como la de los demás seres vivos, máxime si la salud, es lo más
próximo a ella (la vida).
La Constitución
boliviana (CPE), si bien establece una serie de postulados protectores del
medioambiente pero en la práctica no se llega a consolidar; por ejemplo, existe
una mención en el art. 124-I num. 2) de la CPE sobre la violación del régimen
constitucional de los recursos naturales como una conducta típica del delito de
traición a la patria, pero más orientado al hecho punible de desconocer la
propiedad del pueblo boliviano sobre los hidrocarburos mediante contratos (los
cuales serán nulos, art. 359-II CPE) pero en ningún momento, contempla de
manera clara, precisa y especifica el ECOCIDIO o el daño al medioambiente.
Las sanciones por
delitos ambientales se dividen en una dispersión de leyes, como la Ley de Medio
Ambiente (Ley N° 1333, 27 de abril de 1992), la Ley Forestal N° 1700 (12 de
julio 1992) o el Código Penal (sobre determinadas conductas típicas
relacionadas, como ser del art. 206 al 211-Bis, arts. 223, 358, 350 Ter y 356),
lo que debilita su accesibilidad. Muchos delitos sancionan la mera violación de
normas administrativas de carácter preventivo, independientemente de la
existencia de un riesgo o daño verificado para el medio ambiente.
En ese sentido, la
simplificación del Derecho penal medioambiental debería conllevar a que las
sanciones penales deben reservarse para los delitos medioambientales más graves
y dejar al Derecho Administrativo Sancionador aquellas conductas caracterizadas
únicamente por la violación de las normas administrativas, sin ningún efecto o
incluso sin riesgo probado para el medio ambiente o la salud de las personas.
Al hablar de procesos de integración relacionado a medioambiente, citar, por ejemplo, la preservación de la Amazonía (aquel bosque tropical más extenso del mundo, repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa), cada país debiera respetarse entre sí, compartir lo mejor de cada uno (no vivir comparándonos para criticarnos, quien es más mediocre que otro), destacar lo mejor de los países vecinos, generar esfuerzos conducentes a tipificar el delito de ecocidio no sólo en Bolivia sino para la región, impidiendo la promulgación de leyes o normativas que promuevan incendios forestales, prohibir la tala indiscriminada, evitar el derrame de sustancias tóxicas a ríos, luchar contra el contrabando de elementos químicos, minerales, fauna, entre otros, pues si no logramos esa unidad como continente sudamericano, poco o nada lograremos en cuanto a desarrollo, debemos nuclear esfuerzos de unidad entre empresarios latinoamericanos con ética, conquistar mercados, establecer un sello de calidad latinoamericano (destacándose cada país con determinado producto e industria sostenible), aplicando política de neutralidad ante cualquier conflicto geopolítico que suscitan entre potencias. Es decir, como Sudamérica tener sus propios planes de desarrollo, pero sin apoyar bandos ni caer en fanatismos, dogmatismos y fundamentalismos, que son usados para dividirnos como continente. Ningún país ha logrado el desarrollo en solitario ni lo va lograr, pues a ninguna potencia internacional le conviene tal situación (unidad como continente, por el contrario, prefieren mantenernos divididos, a la defensiva, enemistados, débiles, resentidos y peleados permanentemente).
