Ciro Añez Núñez.
La Constitución boliviana
(CPE), en su art. 11-I, si bien afirma textualmente que “la República
de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa
y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”;
sin embargo, en los hechos podemos advertir que seguimos enclaustrados, en un
Estado de partidos.
Recordemos que la
partidocracia se extendió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, como
residuo de las corrientes totalitarias, por ende, lo que opera bajo esta
perspectiva en política es la lucha por detentar y conservar el poder.
El Estado de partidos, es un
concepto que se designa al sistema de gobierno en el que los únicos actores del
panorama político son los partidos, aunque teóricamente se viva en democracia.
Estos partidos, a través de un sistema democrático de turnismo se van
intercambiando el gobierno, coartando así la expresión ciudadana hacia otros
partidos que no sean los existentes. Por lo tanto, los ciudadanos se apartan de
los partidos y comienzan a actuar e intervenir de otras maneras, por ejemplo,
con la creación de “grupos de presión”, pues mientras más divididos y confrontados estén los
ciudadanos, es mucho más fácil imponer por “la fuerza” posiciones y
preferencias a favor de los gobiernos de turno, ya no solo exigir de las
personas la tributación sino además, a nombre del Estado obtener mayor control
de la población buscando sumisión total incluso hasta en la línea política que
deben tener, todo ello, con fines de perpetuación del poder y consolidar la
impunidad.
Esta situación también se
puede observar en otros países. Esto deriva de un sistema político donde
aquellos que tienen el poder se preocupan principalmente por dos razones: 1)
ser reelegidos para ellos mantenerse en el poder de forma hegemónica o
conservarlo, polarizando todo entre ellos mismos, constituyéndose oligarquías
que mandan y ordenan un partido (como mencionaba el sociólogo Robert
Michels, en su obra "los partidos políticos", donde formula la
"ley de hierro de la oligarquía" cuya reglas de juego, es "yo te
doy y tú me das", "yo te apoyo y yo te mantengo"); y, 2)
aumentar los presupuestos del Estado de forma desproporcional y astronómica,
para obtener una mayor dependencia estatal de los ciudadanos, instaurándose
Estados niñeras, incluso buscando la abolición de la propiedad privada, al
extremo, en algunos casos, donde se diga que el Estado poseerá los bienes y los
proveerá a los administrados (a su población) como servicios,
desalentando la iniciativa privada y el emprendimiento de la sociedad civil.
El art. 10 de la CPE, menciona
que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el
derecho a la paz, pero en los hechos, en pleno Siglo XXI, vemos más promoción a
la barbarie conducente a una rivalidad violenta continua con afectación a las
libertades individuales de los bolivianos, incentivando al odio, la
discriminación y la violencia.
Con todo ello, es menester
exigir a todas las autoridades (nacionales, departamentales,
municipales, etc.) y todos los servidores públicos, el cumplimiento de
la Constitución, más precisamente, la articulación pragmática y no sólo
teórica, de dos factores fundamentales de eficacia y eficiencia del Estado,
esto es, la efectivización de la separación de poderes, la libertad política de
la sociedad civil y su representatividad; y, la independencia de los órganos de
Estado, todo ello, previstos en los arts. 11 y 12 de la CPE; y, obviamente de
forma elemental, la independencia judicial (Art. 178 CPE), tal como afirmaba
James Madison: "que los poderes se vigilen mutuamente y que los
ciudadanos puedan dormir tranquilo".
Esa independencia judicial,
tiene que ser real, por ende, los propios jueces, deben creerla y ejecutarla,
siendo verdaderamente imparciales y administrando justicia, hagan valer su
propia independencia en todas sus actuaciones y procesos que atienden, por
ejemplo, en ámbito penal, apliquen la independencia tanto interna como externa,
prevista en el art. 3 del Código de Procedimiento Penal. Y también, en unidad
de cuerpo, como institución, defender protagónicamente su propia independencia,
pues si tal situación de protección no existe por ellos mismos o se boicotean a
sí mismos, menos aún, habrá debida protección de derechos para los
administrados, acrecentándose la profunda crisis de desconfianza que existe en
la administración pública.
En ese sentido, debemos dejar
de lado, toda burla, distracción social y peleas internas entre propios bolivianos,
evitando caer en el absurdo de que entre pobres espirituales y materiales nos
estemos burlando entre sí; o, señalándonos quien es menos mediocre, pues muchas
veces se busca dicha desunión y despertar guerras de pasiones para avanzar más
en la restricción de derechos y libertades individuales, afectando la calidad
de vida de la población, sin obtener acceso a información real, actualizada y
precisa sobre nosotros mismos: cantidad de habitantes, vivienda, educación,
desarrollo productivo, etc.
Debemos entender que el
político en función de gobierno es un servidor al ciudadano, no viceversa; por
consecuencia, dichos funcionarios no están en dichos cargos, para insultar o
denigrar a la población o a algún sector de ella, debiendo servirla y no
estropearla verbal, física, moral ni emocionalmente tampoco prohibirles el acceso
de alimentos a su nación, no garantizarles seguridad alimentaria, buscando
hacerles padecer hambre a la población civil como método de combate y
escarmiento, propio de tiranos, violando Tratados y Convenciones Internacionales
sobre Derechos Humanos.
Entre compatriotas, debemos dejar
de lado la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanidad y la arrogancia, pues
por esas disputas intestinas del país, podríamos estar rifando nuestros
derechos y libertades, identificándose en absurdas alusiones maliciosas que
buscan la distracción y el desenfoque, para consolidar aún más el
gatopardismo (donde se habla retóricamente de cambio para que en
realidad todo siga igual o peor: la trampa del dinero fácil, la crisis
económica, deudas insostenibles, más impuestos y cada vez más altos;
estanflación, gobiernos buscando aprovechar episodios inesperados de inflación
para reducir el valor real de la deuda nominal, el colapso de divisas y la
inestabilidad financiera, problemas de contaminación ambiental, mayor populismo
y oportunismos, con líderes políticos que pretenden lavarse las manos con su
propio pueblo culpando a otros para no asumir sus propias responsabilidades que
les reduzca apoyo y posibilidades de ser reelegidos, etc.).
Por lo tanto, para trascender
en la búsqueda de un verdadero bienestar, de todos los bolivianos, es luchar
sin tibieza contra la corrupción y la informalidad delincuencial, evitando
premiar al delincuente, al criminal, al fraudulento y al despiadado con
impunidad, para que éstos no sigan paseándose libremente por el país, cometiendo
más fechorías de los que ya hubiera cometido, que exista mayor respeto a las
leyes pero sin caer en un estatismo autoritario dictatorial y mafioso, basados
siempre en la ética pública, profesional, individual, el trabajo honesto y el
respeto de los Derechos Humanos.
El ciudadano debe leer su
propia Constitución, para estar cada vez mejor informado, que conozca sus
derechos, las garantías y exija su protección, adquiriendo cultura
constitucional, pues esto no es un tema exclusivo de abogados o para abogados;
y, por consecuencia, de forma eficiente se estará siempre alerta, exigiendo a
la clase política (tanto oposición como oficialismo): menos
politiquería y más gestión de calidad, con líderes que motiven (que
sirvan al administrado, que les añada auténtico valor agregado en la vida de la
gente -de su pueblo-, donde ambos ganen) y no que manipulen (es
decir, que mediante la culpa, el miedo, el abuso de poder o de autoridad,
logren que la gente haga lo que los malos lideres desean que hagan, para
beneficio exclusivo del líder y su grupo político; y, no de todos los demás.
Estos son aquellos líderes que por la fuerza pretenden imponer sus criterios a
punta de sanciones, prohibiciones, restricciones y persecuciones al que piensa
diferente. Esto no está bien, porque el fin no debe justificar los medios,
pues el manipulador busca siempre ganar él y que la gente pierda y sea sometida
a sus caprichos y designios, olvidándose que ellos deberían ser quienes deban
servir y no los demagogos acomodaticios, que se sirven de los demás).
Subamos
más alto el listón de la calidad del servicio, donde se protejan los derechos,
no se les mienta ni mangoneen al pueblo (art. 7 CPE), que exista transparencia,
libertad, integridad, protección a la propiedad privada y unidad entre
bolivianos. En definitiva, que se cumpla la Constitución. De nada sirve ser
pesimista en lo político y social, si no tratamos de mejorar en lo particular.