Ciro Añez Núñez.
Los seres humanos, usualmente
estamos acostumbrados a irnos por las ramas y no acudir directamente al origen, a la raíz
(a las causas) para solucionar los problemas, sea porque se busca continuar gozando
de los privilegios mediante el engaño hacia los demás incautos; o, por motivo
de negocio, avaricia, soberbia, entre otros.
Existe también el mal hábito de ser manipuladores, de inventarnos pretextos para encubrir la verdadera intención y realidad de las
cosas, echando mano para ello, de la presuposición maliciosa y mentirosa. Entre estos casos, citar aquellos
que suelen alegar a manera de excusa perfecta una supuesta necesidad, equidad, ingenuidad, ignorancia, buena
fe, candidez y aún algunos hacen alusión a los hijos para camuflar su vanidad, caprichos, ambición, avaricia, lujuria, infidelidad, gula,
envidia, pereza, falta de contención, etc.; por ejemplo, quienes por buscar una
rentabilidad mayor se embarcan en negocios ilícitos (estafas piramidales, lavado
de dinero, corrupción privada y pública, etc.) o en actividades totalmente inseguras y de alto riesgo,
donde en su momento les brinda un elevado porcentaje o margen de ganancia, pero finalmente todo
acaba mal, llegando inclusive en algunos casos, hasta a la hipocresía de la victimización (apuntando y culpando exclusivamente al otro, nunca a sí mismo) y haciéndose los desentendidos e incluso los ofendidos, sin aceptar la responsabilidad de sus actos, de sus propios delitos y errores, por falta de dominio propio en sus
pasiones.
Es así, que ante todo conflicto o
problema, debemos tratar de analizar encaminándonos hacia la raíz del problema, no distrayéndonos
ni extraviándonos en los gajos.
En cuanto a la demora del censo y
los perjuicios que ella acarrea, entre éstas, se encuentran la falta de
transparencia en la información actualizada (arts. 8-II, 232, 242 numeral
4, arts. 270 y 306-III de la Constitución boliviana, CPE), la vulneración al derecho
a la información veraz y oportuna (art. 21 num. 6, arts. 106 y 242 de la
CPE) y la postergación de las utilidades que ella trae consigo, esto es, por
ejemplo: la distribución proporcional de recursos económicos procedentes de la
coparticipación tributaria (disposiciones transitorias tercera y cuarta de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización), la distribución de escaños en
diputados que es proporcional a la cantidad de habitantes, de manera que cuando
cambia la cantidad de habitantes se altera el número de representantes en la
estructura de la asamblea legislativa plurinacional (circunscripciones
uninominales, plurinominales e indígenas originario campesinas); y, la
distribución de recursos asignados a la lucha contra la pobreza con el
indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
En cuanto a la representación
legislativa, es necesario advertir que Bolivia cuenta con un sistema bicameral,
esto es, dos cámaras: senadores y diputados.
Se entiende que la Cámara de
Senadores tiene por naturaleza, el ser una cámara de representación territorial,
es decir, representación de los departamentos territorialmente (esto es, cuatro senadores por Departamento,
haciendo un total de 36 miembros previsto en el art. 148 de la CPE);
mientras que la naturaleza de la Cámara de diputados (cuyo
total de miembros es 130, conforme el art. 146-I de la CPE), se entiende
que es una cámara de representación por población y es ahí la trascendencia que
conlleva un censo de población, permitiéndoles una mayor legitimidad a los diputados.
Como vemos, sin duda alguna es de
suma importancia que el censo se lleve a cabo este año o el próximo y que se
acaben las largas postergaciones injustificadas (como se pretende recién realizar el año 2024), pero a su vez,
hay que advertir que no bastará únicamente con la realización del censo si no
se logra también extirpar la distorsión que existe en la propia Constitución (CPE) sobre
la forma de computar el número de escaños en diputados.
Recordemos que fue en la reforma
constitucional del año 1994, cuando se estableció esta distorsión, pues
mediante una “negociación política” bajo el pretexto de que “por cuestión de equidad” (frase de contextura ambigua y abierta) se
estableció un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población
y menor grado de índice de desarrollo humano, provocando las asimetrías que
benefician ciertas regiones sobrevalorándolas y castigando a otras regionales
subvalorándola, ocultando la realidad, de que ante la existencia de un sistema
bicameral, justamente se está hablando implícitamente de los principios de
pesos y contrapesos entre Cámaras y de la separación de ambas, con lo cual, nunca
debió la cámara de diputado ser desnaturalizada de esa manera (estableciendo caprichosamente presuntos mínimos de escaños).
Lo ocurrido en dicha reforma constitucional
del año 1994 (art. 60 numeral 6 de dicha CPE) heredó la actual Constitución del año 2009, la cual mantiene
dicha distorsión en el art. 146-V de la CPE vigente.
Las atribuciones de la Cámara de
Diputados deben reflejar esa naturaleza que tiene en toda su expresión y
amplitud, sin ninguna manipulación, engaño o distorsión, pues lo correcto y debido,
es que, si por ejemplo el Censo del año 2012 estableció que somos 10.027.262
habitantes, se debiera dividir entre 130 (que es cantidad total de miembros de
diputados), lo cual viene a ser la media poblacional nacional (77.133
habitantes) y en base a ello, dividir el total de población de cada
departamento, para establecer la cantidad de escaños de diputados por Departamento,
evitando con ello, que existan Departamentos injustamente subvalorados.
Llevamos casi tres décadas con
dicho torcimiento; por lo tanto, ahora que se desea, realizar una reforma judicial
vía reforma parcial de la Constitución, se podría, por ejemplo, sumar a ello, por
parte de la oposición y de las autoridades regionales (gobernaciones,
municipios, plataformas ciudadanas, universidades públicas, comité civico, etc.) como bloque con unidad, compromiso, lealtad y valentía, una
iniciativa ciudadana que se reforme el art. 146-V de la Constitución, erradicando
esa taimada distorsión, pues lo contrario, implicará que seguiremos por más décadas desnaturalizando a la Cámara de Diputados, con Departamentos que son arbitraria
e inmerecidamente discriminados y/o engañados burdamente.
Asimismo, observar que el decreto
supremo N° 4546 de 21 de julio de 2021, en su art. 5, establecía que el censo
de población y vivienda debía ser realizado en fecha 16 de noviembre de 2022 y ejecutado por el INE;
sin embargo, dicho decreto supremo fue luego modificado por otro decreto N° 4760 de 13 de Julio de 2022, el cual sin ninguna
justificación de motivo expreso, postergó el censo sin establecer siquiera fecha
alguna para su realización y al irresponsable encargado del censo que es el INE
(que debió ejecutarlo este año y no desea
hacerlo), en su disposición adicional única del decreto vigente N° 4760, establece
absurda y textualmente lo siguiente: “el
INE mediante Resolución Expresa, hasta el primer trimestre de la gestión 2024,
establecerá la fecha específica para la ejecución del empadronamiento del Censo
de Población y Vivienda – 2024”. Es decir, al incumplidor (INE) se le da la
potestad que decida la fecha siendo que en censos anteriores (como ser en los años 2001 y 2012) se
establecieron fechas exactas en el mismo decreto y no así mediante una simple
resolución, dejándolo al arbitrio de un ente operativo (INE), el cual ha demostrado
total ineficiencia desvergonzada.
Ante tal situación, ya que está por
demás de claro de que no existe voluntad política alguna para realizar el censo de
forma pronta y oportuna con calidad técnica, es que, por ejemplo, los diputados y senadores nacionales de la oposición
con el apoyo de todas las autoridades de los Departamentos de Bolivia, podrían
elaborar un proyecto de ley donde se establezca con suficiente exposición de motivos, la
necesidad de realización del censo nacional, estableciendo una fecha exacta y precisa, sin pretexto alguno y que no implique dilaciones indebidas, vanas o
infundadas.
En cuanto a la gestión del INE que
debió cumplir lo dispuesto por el decreto supremo N° 4546 y no lo hizo, admitiendo públicamente su incapacidad para ese cometido (al extremo que tuvo que existir otro decreto supremo que modifique al anterior), debe exigirse que se lleven a cabo las diligencias e investigaciones pertinentes conforme a la denuncia por incumplimiento de
deberes presentada por la diputada Luisa Nayar para llegar a la verdad material e histórica de los hechos,
conforme establece el art. 25 de la Ley N° 1405 de 01 de noviembre de 2021 (Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional
de Bolivia); y, al mismo tiempo, debiera existir responsabilidad civil y administrativa
a los funcionarios correspondientes del INE por dicho incumplimiento. Y en caso de que las
autoridades encargadas del procesamiento, incumplan sus
deberes con prontitud y debida diligencia, también están éstas sujetas a responsabilidad, máxime si la propia Constitución
establece que no existen fueros ni privilegios para ninguna persona o
funcionario (art. 180-III de la CPE).