Ciro Añez Núñez
Durante el paro cívico, donde las personas ejercen su derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica (siendo ellas elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático), se cuestiona la imposición de un paquete de leyes sin socialización previa alguna ni se presta oídos a los involucrados; sin embargo, a pesar de todo ello, en este mes de noviembre del año 2021, se han promulgado dos leyes que forman parte de aquella batería de leyes cuestionadas.
Estas Leyes son: Ley N° 1405 de Estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 01/11/2021 (donde a las personas naturales y jurídicas, los convierten en informantes - art. 4 inciso k, arts. 21, 24, 25, 26, 28 y 30 - y si no dan la información, coercitivamente les impone multa - hasta 7200 UFVs equivalente a 17.064 Bs - y prohibición de actualizar registro de comercio); y, la Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021 (refutadas por vulnerar flagrantemente el diseño constitucional del Estado boliviano autonómico).
Con ello, resulta evidente de que existe una profunda CRISIS de CONFIANZA en la Administración Pública; y, muestra de ello, es justamente esa no socialización de los proyectos de ley; y, en consecuencia, se continúa promulgando leyes a espaldas de quienes se procura aplicar y además se pretende criminalizar la interconexión de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y el derecho a la protesta social.
Toda ley debería ser el resultado de un dialogo sincero, íntegro y abierto, sin embustes, mediante un debate de calidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), promoviendo el consenso, la cultura de paz, sin amenazas ni imposiciones.
Sin embargo, los gobiernos de turno, en vez de analizar y esforzarse cómo resolver los problemas económicos de las personas sin atacar las libertades individuales, resulta que, lamentablemente está ocurriendo todo lo contrario, pues se evidencia la búsqueda de complicar las vidas de las personas mediante la coerción, afectando su tranquilidad, sus libertades, su propiedad privada, entre otras.
Por otro lado, los asambleístas opositores deberían estar atentos, analizar e informar oportunamente a la sociedad sobre cuanto proyecto ley existente, que se desee promulgar que atenten dichas libertades. Anticiparse a los hechos y efectuar debates de calidad en el interior de las Asambleas, poner sus buenos oficios en cuanto a la fiscalización que debe existir a las autoridades y servidores públicos sumado a la aplicación de medidas políticas ingeniosas e interposición estratégica de acciones de inconstitucionalidad, entre otras actuaciones proactivas.
Es menester exigir CALIDAD INSTITUCIONAL, integridad, lealtad y menos corrupción en las autoridades, servidores públicos y en los políticos, por ejemplo, se debe ACABAR con el transfugio político, por cuanto, si aumentan el número de tránsfugas, no sólo no tendrá sentido recuperar los 2/3 en el reglamento interno de la ALP, sino que todos ellos destruirán el sistema democrático, incentivarán el abuso de poder y aniquilarán el orden constitucional por puro intereses personales o de grupo, egoístas, miserables y mezquinos.
Es así que también a la oposición
debería exigírsele que sean una alternativa real, realizando propuestas
normativas, socializando las mismas y proponiendo políticas creativas que busquen
mejor calidad de vida para las personas que viven en Bolivia; y, al gobierno de
turno, exigir que sea respetuoso y cumpla con la Constitución, garantizando las
libertades individuales, que no se vulnere la propiedad privada ni los espacios
decisorios y de participación para el ejercicio de la oposición política sin
boicotear cualquier encauzamiento constitucional del conflicto acatando el derecho
a decidir de los ciudadanos que salen en defensa de sus derechos y garantías constitucionales.