No Más “Derecho Penal del Amigo” en el Contrabando.

 Ciro Añez Núñez.

La guerra al contrabando será falsa si antes no se elimina la doctrina del “Derecho Penal del Amigo” en este tema, el cual es explicado desde el año 2011, principalmente en el libro “Los Delitos de Corrupción” de mi autoría.

Para empezar, dado que el contrabando transita por la clandestinidad y la corrupción, debería ser considerado este ilícito tributario aduanero también como delito de corrupción que afecta a la economía.

Así también, debería retornar el criterio normativo de que para ser considerado el contrabando como delito, el valor de los tributos omitidos de la mercadería decomisada sea superior a 10.000 UFVs (como era antes del año 2009). Y no como resultó ser desde el año 2009 hasta la fecha, de que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercadería decomisada sea superior de 200.000 UFVs recién es considerado delito. En otras palabras, toda mercadería decomisada cuyo valor de los tributos omitidos sea inferior a 200.000 UFVs es contravención (no hay delito), por ende, existe un gran beneficio hacia la informalidad (el “Derecho Penal del Amigo”).

Adviértase, que para ser declarado contrabando penal en una importación normal, donde se paga 15% IVA y 10% Gravamen Arancelario (GA), el valor de la mercancía decomisada implicaría a ser, aproximadamente, igual o mayor a 800.000 UFVs, esto es, casi 1.700.000 bolivianos. 

El Derecho Penal del Amigo, consiste en brindar cierta impunidad a los actores de determinados delitos (en palabras de Queralt, esto es: “salvar al amigo”). De esta manera, con dichos beneficios, para aquellos que se dedican a la economía informal e ilícita consideran lamentablemente a la corrupción como rentable, impune y favorable.

El colmo de esto, es que incluso se dice que existen situaciones donde algunos contrabandistas, una vez decomisada la mercadería, esperan el remate para recuperar su mercadería por esa ruta pues igual siguen ganando.

Sumado a ello, se debiera atacar al contrabando desde su raíz tributaria, es decir, la mejor lucha contra la corrupción aduanera no es siendo exclusivamente reactivos (solo reaccionando con denuncias o marketeando operativos de las "fuerzas de tarea conjunta") sino atacando al contrabando en sí mismo y para ello, algunas sugerencias son:

1.- Reducir el costo de la legalidad, por ejemplo: bajar el costo de los impuestos dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. Ej.: el valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5% (dentro de los países con IVA más bajo se encuentran: Panamá con el 7%; Yemen con el 5%; etc.).

De esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado, además que se le brinda la oportunidad al informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal (contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella, podría acceder a una serie de beneficios como: acceso a créditos, expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, podría cambiar de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece.

En otras palabras, el Estado debería ofrecer suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más formales y menos informales en el país. Es por esta vía que se podría debilitar el contrabando, caso contrario, este monstruo seguirá creciendo y efectuándose como una práctica común para el enriquecimiento ilícito, pues existen situaciones en que las personas empiezan siendo contrabandistas, se enriquecen y luego tratan de camuflarse con algunos negocios formales, para aparentar que son supuestamente prósperos sólo por el dinero que llevan en los bolsillos carentes de integridad y honestidad en sus vidas.

2.- En lo concerniente a los demás impuestos, la reducción de la tasa impositiva debiera ser el resultado de un serio y responsable análisis y consenso entre destacados economistas y tributaristas, donde se incluya a los colegios de economistas de cada departamento del país y no tan solo dejar todo en manos de un grupo minúsculo afín y elegido políticamente.

Obviamente a nadie le gusta eliminar exoneraciones tributarias porque comúnmente resulta políticamente poco viable; sin embargo, de la eliminación de las exoneraciones, se podría asignar los recursos que se recauden por dicha eliminación, directamente al gasto en educación y salud.

Es más, dado que existirá una reducción significativa de la tasa impositiva para todos los impuestos, ya no tendría sentido que se efectúen las compensaciones o las descargas impositivas, evitándose de esta manera el trato injusto hacia los contribuyentes de que no se les reconoce determinados gastos para compensación como ser alimentación, pensiones escolares, etc. En ese sentido, habiéndose ampliado el universo de contribuyentes y reducida de forma significativa la tasa impositiva, todos estarían obligados a pagar impuestos.

3.- Otro aspecto de mucha relevancia es la simplificación de todos los procedimientos; si bien se han realizado algunos avances al respecto, sin embargo, continúa siendo engorroso.

Aquella simplificación de los procedimientos no solo debe ser aquellos relacionados con los impuestos sino con todo el aparataje del Estado, porque todo trámite implica: formas, maneras, etc., que tienen los ministerios, las municipalidades, las gobernaciones y todos los organismos públicos en general, para financiar sus presupuestos.

En ese sentido, se debe evitar lo que se conoce como un incentivo perverso a costa de los formalismos; es decir, inventarse en la función pública una serie de pasos bajo la solapada lógica de que a mayor cantidad de trámites que se crea, se tiene más ingresos para financiar sus presupuestos, para pagar al personal, para alimentar la caja chica, etc. Esto necesariamente debe cambiar en todo el aparato estatal en general porque cuando los trámites por norma resultan siendo morosos y complicados, usualmente y en muchos países acaban siendo un caldo de cultivo para la corrupción. Cuando toda la maquinaria es concebida de manera compleja empiezan los sobornos por agilización, etc.

4.- La lucha contra la corrupción administrativa que emerge de la burocracia jamás será eficaz creando más burocracia; por lo tanto, se debe permitir que la sociedad civil establezca asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) y que dichas fundaciones o asociaciones tengan accesibilidad efectiva y libertad de control social a todos los servidores públicos de todas las reparticiones estatales.