Ciro Añez Núñez
En
un anterior artículo que escribí, el cual lleva por título: “Nada cambia si tu no cambias (..)”,
mencioné in extenso y textualmente lo siguiente: “El vivir
en democracia es un derecho colectivo tal como señala el artículo primero de la
Carta Democrática Interamericana (Instrumento Internacional que se encuentra
íntimamente ligada con la Convención Americana sobre Derechos Humanos tal como
menciona la SCP N° 0084/2017 de 28 de noviembre) por cuanto se trata de
intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una
vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente
determinada, esto es, la nación boliviana prevista en el art. 3 de la
Constitución boliviana.
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, aprobada por Bolivia mediante Ley N° 1430 de 11 de febrero de
1993), define los derechos humanos que los Estados se comprometen
internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados; por
ende, es uno de los principales instrumentos que el pueblo (entiéndase
sumatoria de individuos) cuenta para protegerse del abuso de poder, de las
grandes atrocidades y crímenes de gobiernos crueles y opresivos.
De allí que, si algún gobierno de
cualquier país del sistema interamericano decide retirarse de la Convención y
denuncia a la CADH, automáticamente se constituye en un régimen no democrático,
tiránico y dictatorial.
En el caso boliviano, existen los
arts. 410-II y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales
establecen que dicha Convención se encuentra integrado y adherido al bloque de
constitucionalidad de Bolivia y que la declaración de los derechos consagrados
en la CADH que sean más favorables a los contenidos en la CPE, se aplicarán de
manera preferente sobre ésta; por lo tanto, no es decisión de un gobierno de
turno retirarse o no de la Convención, pues éste no solo incumpliría la
Constitución sino que además se estaría por someter al pueblo a violencia
física o moral (art. 114-I de la Constitución) constituyendo un grave atentado
a los derechos de las personas y de la sociedad boliviana en su conjunto, pues
las personas estarían desprotegidas. La voluntad del Constituyente no debe ser
desnaturalizada”.
Cabe
mencionar que las elecciones son un ejercicio práctico de Derechos Humanos. El
logro de un proceso electoral auténtico y democrático es fundamental para el
establecimiento de un sistema de gobierno que garantice el respeto de los Derechos
Humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo de instituciones democráticas.
De
allí que todo fraude electoral implica vulneración de derechos y en consecuencia
para evitar tales extremos existen los estándares internacionales sobre
elecciones, los textos clave pertinentes, una matriz de los compromisos
adquiridos por cada Estado además de información sobre estándares por área de
evaluación y un listado de referencias útiles para mayor información al respecto.
En
ese sentido, para el hemisferio sudamericano, son los gobiernos democráticos quienes
deben respetar dichos estándares internacionales y entre ellos, se encuentran los
compromisos que asumen ante la OEA en cumplimiento al Estado de Derecho, como lo
son, la auditoría "vinculante" frente a elecciones polémicas.
Con
todo ello, no se debe confundir COSA JUZGADA con verdad material, pues ya es
por demás sabido, que cualquier país que se encuentra dentro del sistema
interamericano de protección de DDHH, no puede alegar cosa juzgada para evitar sus
responsabilidades por atentados a los derechos y libertades de las personas.
Al
respecto, recordar que, la Corte Interamericana de DDHH en el Caso del Caracazo
Vs. Venezuela, Sentencia de fecha 29 de agosto de 2002, estableció claramente
que en hechos de graves violaciones a derechos humanos no se puede invocar cosa
juzgada para impedir que la verdad material sea realmente conocida.
Por
lo tanto, si algún Estado, pretende acudir a esta antigua maña o mala práctica,
mediante sobreseimientos o absoluciones anticipadas, alegando Cosa Juzgada (una
vez agotadas las vías internas de impugnación de orden nacional) para desnaturalizar
una verdad material, tal situación anómala carece de total credibilidad ante el
sistema interamericano de protección de DDHH, conforme a la vasta jurisprudencia
de la Corte IDH.
Finalmente, en protección al derecho a vivir democracia en el marco de los procesos electorales conforme a los estándares internacionales sobre elecciones, los Estados democráticos que asumieron sus respectivos compromisos históricos, no deben tratar de burlar una verdad material alegando una supuesta cosa juzgada interna; y, en el caso boliviano, tampoco un gobierno de turno puede ni tiene potestad de retirarse o denunciar a la CADH pues ésta se encuentra integrada y adherida al bloque de constitucionalidad de Bolivia, conforme así ordena y dispone la propia Constitución boliviana, guardando una debida rigidez constitucional al respecto (art. 411 CPE).